Aunque el Parlamento de Reino Unido tendrá voz y voto, el Tribunal ha determinado que el Parlamento de Escocia y las Asambleas de Gales y de Irlanda del Norte no los tendrán, ya que alega que "las relaciones con la UE son asuntos que debe resolver el Gobierno de Reino Unido".
Durante la audiencia del Tribunal Supremo, los defensores de esta medida argumentaron que denegar al Parlamento de Reino Unido una votación sería antidemocrático e infringiría los principios constitucionales. Dado que poner en marcha las negociaciones con la UE para abandonarla formalmente según el Artículo 50 del Tratado de Lisboa significaría anular leyes británicas actuales, se trata de algo que deberían decidir los miembros del Parlamento.
El presidente del Tribunal Supremo de Reino Unido, lord David Neuberger, leyó así la sentencia: "Con una mayoría de tres a ocho, el Tribunal Supremo ha decidido en el día de hoy que el Gobierno no podrá activar el Artículo 50 sin una Ley Parlamentaria que lo autorice. Los acuerdos constitucionales de Reino Unido exigen que tales cambios cuenten con la autorización clara del Parlamento".