Los demandantes del caso del kiwi creen haber demostrado que el MPI fue negligente e incumplió su deber de protección, al permitir que el polen de kiwi contaminado con Psa-V fuera importado a Nueva Zelanda y distribuido en la industria del kiwi.
212 demandantes han presentado el caso, buscando rendición de cuentas e indemnización por parte del Gobierno y el Ministerio de Industrias Primarias (anteriormente Ministerio de Agricultura y Pesca) por más de 221 millones de euros de pérdidas sufridas en la incursión que devastó la industria del kiwi en 2010. La defensa presentó anteriormente sus alegaciones finales y han negado estas afirmaciones, argumentando que todas sus acciones eran apropiadas para la información conocida en ese momento.
La cuestión de si el MPI era responsable de un deber de protección a los productores de kiwis está en el centro del caso judicial. La defensa argumentó que no existía un deber de protección entre el MPI y los agricultores, pero los demandantes alegaron que surge dicho deber cuando un demandado debería haber ejercido un cuidado razonable, para evitar la pérdida previsible de un demandante.
También se afirmó que existe una relación cercana entre el MPI, que controla la importación a Nueva Zelanda de productos que pueden contener organismos nocivos como Psa, y los demandantes que sufren las consecuencias de la importación de esos organismos dañinos y no pueden hacer nada para protegerse o mitigar tal riesgo. Además, las pérdidas sufridas por los demandantes fueron una consecuencia previsible de la negligencia del MPI, y las consideraciones de las políticas favorecen el reconocimiento del deber de protección.
Foto: El equipo legal de los demandantes, Davey Salmon y Michael Heard
Los demandantes dicen que su pérdida fue una consecuencia claramente previsible de la negligencia del MPI en el cumplimiento de sus obligaciones de bioseguridad. El abogado del grupo Davey Salmon dijo al tribunal que es evidente que los funcionarios gubernamentales no consideraron si el polen de kiwi podría llevar Psa, y que tampoco realizaron la evaluación de riesgos requerida y no tomaron medidas para prohibir la importación de polen de kiwi después del brote en Italia.
Además, los demandantes demostraron que un envío llegó desde la provincia de Shaanxi, China, en 2009, conteniendo 4,5 kg de polen, anteras y otro material vegetal que estaba infectado con Psa. El tribunal escuchó que la remesa estaba obligada por ley a ser inspeccionada por el MPI en la frontera, y la autorización de bioseguridad no debió haberse otorgado debido a discrepancias materiales entre el permiso de importación y el certificado fitosanitario, además del hecho de que era una plantación de kiwi prohibida bajo las propias regulaciones del MPI.
Salmon agregó que el MPI fue negligente en la inspección del envío y que si no lo inspeccionaron, son negligentes al no inspeccionarlo según lo requerido. Durante el caso judicial, varios miembros del personal fronterizo presentaron evidencias: según los demandantes, todos coincidieron en que había un requisito obligatorio para la inspección del envío.
Los demandantes también argumentaron que toda evidencia apunta a la incursión de junio de 2009 como la fuente más probable, señalando que, en lugar de proporcionar una vía de entrada alternativa para Psa-V en Nueva Zelanda, se centraron en intentar dudar de esta vía. El tribunal escuchó en la alegación las evidencias que muestra las múltiples oportunidades que había de que el envío de anteras chino infectara Kairanga y Olympos, incluso el procesamiento de las anteras en la sala de polen de Main Road, donde no había una limpieza rutinaria de los equipos, planteó un riesgo obvio de contaminación.
Durante el juicio, se tomó la decisión de que la defensa tenía que revelar los detalles de su póliza de seguro, con respecto a su negligencia o la negligencia de sus empleados en los momentos relevantes para este procedimiento.
Los demandantes argumentan que sacar un seguro demuestra que el demandado sabía que podría ser responsable por su propia negligencia y la de sus empleados, y trató de asegurar este riesgo con los arreglos de seguro comercial. También muestra que la capacidad de asegurar esta responsabilidad significa que el deber de protección es honesto, justo y razonable, ya que el MPI tiene la capacidad de mitigar cualquier riesgo que represente tal deber de protección. Salmon agregó que la existencia de un seguro mitiga los argumentos del acusado de que un deber de protección transferiría una responsabilidad sustancial al contribuyente.
"La evidencia y el contrainterrogatorio presentados al Tribunal, han demostrado claramente que el MPI sabía desde hace muchos años que el Psa era un riesgo significativo para la industria del kiwi, y al permitir que entrara en Nueva Zelanda, no ejerció el nivel requerido de protección razonable". El presidente del Comité de Reclamaciones del Kiwi, John Cameron, dijo después de las alegaciones finales: "Las vidas de los agricultores y los medios de subsistencia fueron destruidas por la Psa y siete años después de la incursión, siguen sufriendo las consecuencias; este caso ha brindado a los productores la oportunidad de agarrarse al gobierno y pedir al MPI que dé cuentas de sus pérdidas. También ha sido significativo para los productores de kiwis y otras industrias primarias en Nueva Zelanda, porque cuestiona si surge un deber de protección por parte del MPI que realiza sus funciones de bioseguridad a un nivel razonable".
La jueza Jillian Mallon ahora está deliberando y dictará su veredicto a su debido tiempo.