Costa Rica: CONAGRO refruta las aclaraciones del ministro de Agricultura
1. El caso. Es cierto que uno de los miembros de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica CANAGRO es Compañía Frutera La Paz S. A. pero sesgadamente el Ministro omite mencionar que también hay dentro de nuestra Cámara productores pequeños, medianos y grandes, así como comercializadores (por ejemplo Coopeproagro R. L., Valle del Tarso S. A., Piñas Orgánicas Sogo, Capa Costa Rica, por citar algunos). CANAGRO se compone de muchos actores y no solamente la conforma la empresa señalada por el Sr. Ministro en un afán de minimizar la legitimidad del reclamo por el cual el Ministerio que él encabeza no ha tomado las acciones que legalmente debió haber ejecutado. Por otra parte, es falso que CANAGRO haya “acusado” a nadie en la primera reunión que se tuvo con el entonces Director del SFE en marzo de 2016, el Ing. Francisco Dallanese, a quien se le planteó (y así lo hizo ver él en su declaración ante la Comisión Especial del Congreso que está investigando este caso en Costa Rica) que era necesario revisar el mercado completo porque los volúmenes no parecían estar justificados, y por eso el SFE ordenó como primera medida una auditoría sobre varias empresas, una de ellas Compañía Frutera La Paz, siendo que los indicios de irregularidades fueron hallados específicamente en las empresas del Grupo Valle Verde, y por eso ocurrieron los hechos que luego se mencionan.
2. Es verdad que existe competencia en la exportación de piña orgánica congelada hacia los Estados Unidos, y para ello en Costa Rica existen varias compañías que se desenvuelven en esa actividad. Pero en contra de lo que viene a sugerir de seguido el Sr. Ministro, las denuncias llevadas a cabo por CANAGRO respecto de empresas y funcionarios públicos no responden a una batalla comercial, y esa simplista explicación resulta ofensiva para la inteligencia y la representatividad de nuestra Cámara. Lo que que el Sr. Ministro se niega a ver, y está en documentos de su propio Ministerio (no documentos hechos por CANAGRO), es que las empresas cuestionadas se valieron de proveedores sin certificados para procesar y vender piña que hicieron pasar como “orgánica”; que tuvieron periodos en que sus documentos y procesos no eran auditables y aún así contaron con certificado “orgánico” expedido por una agencia certificadora; que muchos de los documentos usados como “respaldo” de compra de materia prima eran facturas de pulpería sin ninguna formalidad básica; que se irrespetó arteramente los plazos de transición de las áreas productivas de las cuales se obtuvo buena parte de la presunta piña orgánica; que el proceso se hizo cambiando varias veces las áreas y sus medidas, sin que al final éstas se correspondieran con lo que fue autorizado por la agencia certificadora; que una empresa exportó estando suspendida por orden el Servicio Fitosanitario del Estado sin que ningún funcionario moviera un dedo para hacer efectiva esa suspensión; y un largo, larguísimo, etcétera.
3. Tratamiento del caso. Es verdad que el SFE abrió un procedimiento administrativo para evaluar el caso de una de las empresas, pero no es cierto que “no se lograra demostrar el fraude”. Además no es cierto que ese fraude fuera denunciado por CANAGRO Señor Ministro: el fraude lo denunció la investigación hecha por el SFE, y por eso se tuvo que abrir el procedimiento administrativo. Pero una vez abierto ese procedimiento la realidad es que todas las anomalías detectadas en la investigación fueron evadidas a pesar de que toda la prueba estaba en el mismo expediente. Para ello sencillamente el órgano designado omitió valorar casi por completo la prueba documental (dentro de la que se incluye reportes de la Agencia Certificadora Kiwa BCS OKO donde dice que la documentación de la empresa no se podía auditar porque no tenía firmas, no era original, no tenía guías de transporte, no coincidían las cantidades; o se observaban disonancias tremendas en los flujos de volumen sin que hubiera ninguna explicación; etc., etc.); se desmembró el Informe que dio origen al procedimiento (Oficios CF-054-2016 y CF-055-2016) separando su texto de las pruebas y del material de análisis que éste contenía, convirtiéndolo así en un rompecabezas sin sentido alguno; no se llamó como testigo a ninguno de los proveedores cuyas facturas fueron cuestionadas; prácticamente no se desarrolló interrogatorios durante la audiencia de prueba testimonial; y lo más absurdo de todo: se tuvo por demostrados todos los cargos pero luego se dice que no hubo ninguno demostrado (así de increíble como suena), torpeza que luego quisieron “arreglar” cometiendo otra irregularidad por la cual hoy en día existe en el Ministerio Público una denuncia por el delito de prevaricato contra el Director del SFE, que es el funcionario que firmó esa resolución.
Respecto de “los hechos independientes” que según el Sr. Ministro refuerzan la solidez de la conclusión hay que decir, otra vez, que tal cosa no es así. En primer lugar, no es cierto que el National Organic Program (NOP) de los Estados Unidos haya “investigado” el caso por su cuenta. El NOP cerró la queja sin ninguna investigación propia porque el MAG que encabeza el Ministro Arauz le informó de su “investigación” (que ya dijimos estuvo plagada de anomalías y nulidades) y le dijo que no había pasado nada.
Y en segundo término el hecho de que no haya reporte de plaguicidas en fruta o suelos muchos meses después de ocurridos los hechos no viene a decir que antes no los hubiera habido, o que las otras anomalías relacionadas con la nula trazabilidad del origen y manejo de la materia prima desaparezca como por arte de magia. Una fruta que no tiene residuos no por eso se convierte en orgánica; el concepto de lo orgánico supone mucho más que eso y el señor Ministro debería saberlo. Para ser orgánica una fruta debe haber sido manejada integralmente como tal, y eso significa no solo el uso de insumos orgánicos previamente autorizados sino también un plan de manejo completo que garantice su integridad y la trazabilidad correspondiente.
No se trata entonces las quejas presentadas por CANAGRO de un “asunto político” en su contra, como equivocadamente lo afirma el Señor Ministro. Todo lo contrario: se trata de una agrupación de ciudadanos que defienden sus legítimos derechos en contra de la displicencia de algunos funcionarios, a quienes poco les importa por lo visto la suerte de esos productores. Debería señor Ministro dejar de refugiarse en falacias y, de una buena vez, socarse la faja con el Ministerio que encabeza, para que las leyes y reglamentos del país sean respetados como es debido. Según el Sr. Ministro a él nunca le ha correspondido intervenir por una u otra excusa, y por eso es que tenemos el doloroso escenario que ahora existe: porque cuando era el momento no intervino, y ahora prefiere exculparse a sí mismo con verdades a medias.