España:
La junta se carga las cámaras agrarias, artículo de opinión de j. Antonio turrado, secretario general de Asaja de castilla y león

La Junta de Castilla y León ha reducido de forma unilateral y no motivada un veinte por ciento del presupuesto que cada año destina a cada una de las nueve cámaras agrarias provinciales de la región. Las cámaras agrarias, salvo alguna excepción, no tienen otra fuente de ingresos que las transferencias recibidas de la Junta y todo su presupuesto va destinado a personal y otros gastos corrientes, es decir, no se recibe nada para hacer inversiones que en un momento determinado pudieran recortarse para adaptarse a la nueva situación financiera. Si la Junta finalmente transfiere a las cámaras el veinte por ciento menos que el año anterior, éstas tendrán serias dificultades para pagar las nóminas de sus empleados y afrontar los gastos que supone tener una oficina abierta, y tendrán todas las dificultades para seguir prestando los servicios que dan al sector, y en particular a las juntas agropecuarias locales que de una forma tácita están bajo su tutela.

Después de unos quince años desde que se promulgó la Ley de Cámaras Agrarias de Castilla y León, y trece desde la celebración de las primeras elecciones a sus órganos de gobierno, quizás pueda ser un buen momento para reconsiderar su papel. Si la Junta quiere abrir un debate sobre el futuro de las cámaras agrarias y sobre la representatividad sindical y su forma de medirla, está en su derecho de hacerlo y a nosotros nos tendrá en disposición colaboradora como lo estamos en cualquier materia de nuestra competencia. Pero lo que no podemos aceptar es que la Junta por su cuenta y riesgo corte las alas a las cámaras ahogándolas económicamente y creando a los presidentes y al resto de agricultores que forman parte de los órganos de gobierno problemas con los agricultores, a los que no podrán dar servicios; problemas con los empleados, que dejarán de cobrar las nóminas, y problemas con los proveedores, que no cobrarán los suministros.

Personalmente creo que es el momento de introducir cambios en el marco jurídico de las cámaras agrarias. No entiendo que en la cámara de una provincia haya trabajadores propios de la cámara que comparten tareas con otros trabajadores que son funcionarios de la Junta asignados a puestos de trabajo en la cámara agraria. No comparto que el secretario técnico de la cámara provincial tenga que ser un funcionario, pues qué sentido tiene que una institución del sector esté gestionada por empleados públicos. No entiendo que se quieran limitar tanto las competencias de estas instituciones que se encuentran en ´”tierra de nadie”, entre la labor de los sindicatos agrarios y la que es propia de la Junta. No entiendo que no exista una interlocución clara y estable entre los presidentes de las cámaras y la consejería de Agricultura. Y es probable que las organizaciones agrarias, después del furor de los procesos electorales donde nos jugamos la representatividad, caigamos en la tentación de dejar a las cámaras sumidas en el mayor de los olvidos.


Creo que las cámaras agrarias tienen que seguir cumpliendo su cometido y creo que deben de tener iniciativas y medios para hacer más cosas. Creo que tienen que desvincularse absolutamente de las administraciones públicas y creo que si la Junta, en un alarde de prepotencia, les recorta el presupuesto, los presidentes deberían de cerrar las puertas para siempre y mandar a los trabajadores a las delegaciones de la Junta para que los hagan funcionarios.

Fuente: www.asajanet.com

Fecha de publicación: 05/02/2010

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