Nueva Rumasa adeuda cerca de un millón y medio a los productores de tomate extremeños que tienen contratos con Carcesa, lo que supone el 20% de la producción transformada, según señaló el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas.
En concreto, según explicó, el grupo de la familia Ruiz-Mateos tiene deudas pendientes con un total de 130 agricultores pertenecientes a diez cooperativas, que se han visto afectadas por los impagos de la compañía, cuya situación es "complicada".
Tras asistir a una jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), el responsable de la organización agraria en Extremadura destacó que Carcesa, fabricante de Apis y Fruco, es una empresa "viable", pero se verá arrastrada por el desenlace del grupo.
Por ello, tanto Huertas como el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, reclamaron a Nueva Rumasa que solicite el concurso de acreedores y que sean los agricultores y los trabajadores los primeros en cobrar, antes de otros colectivos acreedores como los bancos o los inversores.
"Queremos ser solidarios con los trabajadores porque son empresas rentables y vamos a pelear porque se mantengan, incluso hay agricultores que están dispuestos a hacerse con alguna factoría (...)los productos y las marcas son absolutamente viables", señaló Ramos, quien agregó que su organización ha puesto los servicios jurídicos a disposición de los agricultores con el fin de canalizar las denuncias.
"Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que los agricultores y ganaderos cobren", aseguró Ramos, quien en su intervención reclamó apoyo a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, presente en la inauguración de dichas jornadas, y reiteró que no se deje a los agricultores en el último lugar a la hora de cobrar las deudas. EuropaPress