El sector bananero puede sumarse al sindicato portuario en la crítica contra un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo a favor de una concesión otorgada a la empresa holandesa APM Terminals.
Según el tribunal, los bananeros y obreros portuarios que habían apelado no probaron que cause perjuicios al país la terminal de contenedores que construirá esa empresa en el puerto de la provincia costarricense de Limón.
La Cámara Nacional de Bananeros (Canaba) y el sindicato demandaron la anulación de la concesión a APM Terminals por supuestas irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación, y porque afecta sus intereses.
La Canaba alegó que las tarifas que cobrará APM Terminals elevarán los costos de movilización y embarque para los exportadores de la fruta y la encarecerán, pero los jueces sostuvieron que eso no puede ser constatado.
Canaba también denunció supuestos defectos en el cartel de licitación, pero el tribunal resolvió que los bananeros no objetaron el documento en el momento oportuno.
También fracasó ante el tribunal el reclamo por daño ambiental sostenido por el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap).
El sindicato alegó que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) no había hecho un estudio sobre posibles daños ambientales, antes de que el Gobierno otorgara en concesión la obra.
El tribunal reconoció que el contrato con APM Terminals se firmó cuando la empresa solo contaba con una viabilidad ambiental preliminar, que exige muchos menos requisitos técnicos.
Sin embargo resolvió que esa viabilidad ambiental preliminar no significa que la concesionaria tenga aval para construir pues para hacerlo tendrá que someterse a la autorización de la Setena.
También los jueces rechazaron el alegado de bananeros y trabajadores de que la operación de la holandesa APM Terminals constituirá la creación de un monopolio portuario.
Para el tribunal, los servicios públicos, y entre ellos los puertos, son actividades cuya titularidad corresponde a la Administración, y esta la puede delegar en un tercero.
Sintrajap confirmó que apelará esa sentencia que deja indefensa a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y llevará al despido de más de mil trabajadores portuarios.
Por el puerto de Limón circula el 80 por ciento del comercio exterior de Costa Rica y el Sintrajap ya protagonizó una semana de huelga en los muelles en protesta contra esa concesión.
Fuente: prensa-latina.cu