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La Comisión Europea concluirá en octubre el análisis de la consulta para la reforma de los instrumentos de defensa comercial

Análisis de la UE concluye en octubre

La Comisión Europea prevé concluir en el mes de octubre el análisis de los resultados de la consulta pública lanzada por la Comisión Europea para reformar los instrumentos de defensa comercial, instrumentos cuyo objetivo es contrarrestar el daño ocasionado a las empresas comunitarias por prácticas ilícitas de comercio.

Tras el análisis de la consulta y si se precisan cambios legislativos es previsible que la Comisión Europea presente una propuesta de Reglamento a principios de 2013. Si existe consenso entre todas las partes implicadas sobre el Reglamento de la Comisión, la tramitación se haría por el procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo y la nueva legislación podría entrar en vigor a mediados de 2015.
De los tres tipos de instrumentos de defensa comercial con los que cuenta la UE: medidas antidumping, medidas antisubvención y medidas de salvaguardia, sólo se analiza la reforma de las dos primeras.

El lanzamiento de la reforma tuvo lugar en octubre de 2011 partiendo de una decisión unilateral de la Comisión Europea que consideraba imprescindible la modernización de los actuales instrumentos de defensa. Por su parte, la administración española considera que el lanzamiento de esta reforma se ha hecho en un momento inapropiado, según se informó en la "Jornada informativa sobre la Modernización de los Instrumentos de Defensa comercial" organizada por la Subdirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial, de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, el pasado 21 de junio.

La administración española considera que no es el momento apropiado porque la legislación comunitaria ya es una de las más exigentes de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de las mejores adaptadas a los cambios derivados de la globalización.

Considera también que la modificación unilateral de la legislación comunitaria contribuiría a incrementar el "gap" actual en detrimento de las empresas comunitarias. Y en tercer lugar la administración española considera que en la actual situación económica es necesario contar con instrumentos eficaces que defiendan adecuadamente a las empresas europeas frente a prácticas desleales, posición compartida por FEPEX.

Fuente: Fepex

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