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La Eurocámara aprueba la reforma de la Política Agraria Común

El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde la semana pasada a los cuatro reglamentos que forman la reforma de la Política Agraria Común (PAC) pactada por la Unión Europea y que en principio entrará en vigor en enero de 2014, aunque en la práctica las medidas más relevantes se retrasarán al menos hasta 2015. Los eurodiputados también validaron las medidas de transición previstas para e periodo de tránsito.

Los retrasos en las negociaciones han hecho que la mayoría de sus disposiciones tengan que ser aplazadas al menos un año para dar tiempo a que los Gobiernos trasladen a sus sistemas nacionales las modificaciones, incluido el llamado pago verde que condicionará un 30% de las ayudas directas al cumplimiento de determinados esfuerzos medioambientales. Para que la reforma sea aplicable requiere aún el apoyo formal de los estados miembros antes de que concluya este año y que se cumplan los trámites en marcha para transponer los reglamentos.

La nueva PAC contará con 408.310 millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que 312.700 euros se destinarán principalmente al pago de ayudas directas y, en menor medida, a medidas de mercado y habrá otros 95.600 millones para el segundo pilar, es decir, fondos para el desarrollo rural. España recibirá unos 37.700 millones de euros en total para pagos directos y otros 8.300 millones de euros para desarrollo rural.

Según coinciden todas las partes, la nueva PAC permitirá una política agrícola "más verde", porque condicionará un 30% de los apoyos directos a esfuerzos medioambientales concretos. La nueva PAC también asegurará un reparto más "justo" y "equilibrado".

La reforma introduce entre sus novedades la creación de una "lista negativa" con la que definir de manera más clara al "agricultor activo", con el objetivo de evitar que parte del gasto agrícola de la UE va a parar a manos de los llamados productores "de salón" que no desempeñan actividad agrícola alguna, como aeropuertos o campos de golf.

La Eurocámara tampoco ha conseguido defender el techo máximo de 300.000 euros al año por explotación que Bruselas propuso. A cambio, los Gobiernos han aceptado una reducción o "degresividad" del 5% para los subsidios que superen los 150.000 euros anuales. El pacto agrícola que ha superado el voto europarlamentario, además, eleva del 75 al 85% la cofinanciación europea de los programas de desarrollo rural en las regiones ultraperiféricas y en las menos desarrolladas, es decir, las consideradas como "convergencia", lo que beneficiará a Extremadura.

El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, aplaudió el voto de la Eurocámara porque "promoverá un sector más competitivo", al impulsar las organizaciones agrarias y la inversión e innovación, y porque estará "mejor dirigida a ayudar a que los productores tomen medidas contra el cambio climático".


Fuente: Hoy
Fecha de publicación: