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Polemica por problemas ambientales

La piña costarricense: ¿Tragedia ecológica o rehén politico?

En los últimos años, asociaciones ambientalistas como la UICN denunciaron graves consecuencias ambientales y sociales para Costa Rica, demandando a las autoridades poner fin a las afectaciones que produce el monocultivo de la piña al ambiente y a las comunidades.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) , la contaminación del agua y la invasión de áreas protegidas y sus recursos hídricos son las dos causas principales de denuncia sobre abusos por parte de empresas piñeras.

El número de empresas denunciadas supera las cincuenta y la prensa local a llenado en varias oportunidades sus páginas con noticias relacionadas.

“El caso de las piñeras es un ejemplo de la falta de gobernabilidad en Costa Rica, después de que varias comunidades lleven 8 años tomando agua con cisterna, a pesar de múltiples fallos de la Sala IV y del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)” publicaba el diario costarricense El país.

Según Christian Herrera Leon, quien preside la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña – CANAPEP, el problema de violación de las normas ambientales es real, pero no de la envergadura que se ha mencionado en otros medios de comunicación.

“Nosotros no negamos que existan algunas anomalías; tenemos identificadas, como asociación, aquellas fincas con bajos niveles de gestión ambiental. Hay que ponerlos a trabajar, que se ajusten a la ley y sino, que sean sancionados”, afirma Herrera.

Todo cultivo intensivo y extensivo como la piña o el banano, genera un impacto en el medio ambiente. Mitigar los efectos negativos es responsabilidad del sector productivo y el Estado, pero de acuerdo con Christian Herrera, faltan reglas claras y una mirada objetiva por parte del gobierno.

“Lo que no se nos ha dicho es el costo de este impacto, es decir, el costo económico de tener una producción sustentable. Nosotros necesitamos saberlo para poder presupuestarlo y transferir ese costo al producto, esperando que el mercado lo reconozca” afirma.

Según Herrera, la mayoría de las denuncias son realizadas “desde afuera y sin conocimiento del caso”.

“Hay un sector ambientalista radical que no ha querido sentarse con nosotros a dialogar y conocer los cultivos, como si lo han hecho nuestros clientes europeos, compañías como Tesco e Intermarché, con un alto grado de responsabilidad social y ecológica y quienes han verificado satisfactoriamente nuestras normas de calidad y sistema de producción” comenta.

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) es el órgano especializado con el que cuenta Costa Rica para velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del medio ambiente y de los recursos naturales. Este organismo es el encargado de procesar las denuncias que el sector piñero a recibido.

“El Tribunal Ambiental Administrativo tiene poca operatividad. De las 51 denuncias que habla la prensa, yo creo que hay unos 35 expedientes pendientes desde hace mas de 5 años esperando ser revisados”, afirma Herrera.

La llamativa lentitud con la que dicho tribunal pareciese trabajar tiene, según el presidente de la CANAPEP, motivos políticos.

“El gobierno sigue un proceso de ajuste y el Tribunal Ambiental Administrativo sale desesperadamente a llenar la prensa, exagerando el tamaño del problema, como una irresponsable forma de justificar su función para lograr esquivar una mayor reducción de presupuesto”, afirma Herrera.

Si la CANAPEP está en lo correcto, el TAA está incumpliendo sus funciones, provocando un gran retraso en la corrección y mejoramiento de las prácticas de producción de algunos empresarios piñeros irresponsables, retardando la mitigación de los efectos nocivos que estos han ocasionado y, lo mas grave, estaría tomando a la industria piñera de Costa Rica y a los costarricenses como “rehenes” de su lucha presupuestaria.




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