España: Almería y la ley de comercialización agraria

Que el modelo agrícola almeriense es muy particular es algo que ya se sabía. Ahora revela otra característica que lo hace aún más especial. La ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuya aprobación se publicó el 3 de agosto de 2013 en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor el 3 de enero de 2014, que aún no ha culminado su primer año en marcha, apenas tiene aplicación práctica en la provincia de Almería, a tenor de los datos que arroja el sector hortofrutícola.

Esta industria almeriense posee una tasa de exportación del 70%, es decir, que de cada 100 euros que se comercializan, 70 proceden de las ventas efectuadas en los mercados internacionales, lo que significa, automáticamente, que el 70% de las operaciones comerciales quedan al margen de esta normativa.

Esta ley, muy ambiciosa y pionera a escala mundial, surgió con los objetivos de conseguir un mayor equilibrio entre el poder de negociación de la gran distribución y el agricultor en origen, una mayor transparencia en la formación de precios, el afloramiento de la economía sumergida y el cumplimiento de los plazos de pago.

Sin embargo, al tratarse de una normativa cuyo ámbito de aplicación es exclusivamente nacional, la gran mayoría de las operaciones de compraventa de frutas y hortalizas almerienses están desvinculadas de esta normativa, cuya vigilancia y control para su cumplimiento está a cargo de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Sobre este apartado ha hecho hincapié Coag Almería, que inició este lunes en la capital almeriense una campaña de sensibilización y concienciación dirigida al agricultor y al consumidor en general bajo el lema "La gran distribución te roba a ti y a mí", con la que espera llegar a otras provincias como Sevilla y Madrid, cuyo objetivo se centra en mostrar los bajos precios que percibe el productor en origen, que en la actualidad apenas cubre los costes de producción en cultivos como la berenjena o el calabacín, frente al amplio margen que se lleva el último eslabón de la cadena agroalimentaria.

Según Coag Almería, las grandes cadenas de la distribución extranjeras, principalmente las de origen alemán, con Aldi y Lidl a la cabeza, están llevando a cabo políticas de compra de frutas y hortalizas ilícitas, pero que no se pueden demostrar. A ello se une el hecho de que estas transacciones tienen como destino el extranjero, por lo que se quedan al margen de la vigilancia de la citada agencia del Ministerio de Agricultura, por lo que la única vía que le queda a esta organización agraria o a cualquier operador comercial que desee denunciar algún abuso que considere que ha sufrido, radica en acudir a organismos de Competencia de la Unión Europea.

Los incumplimientos de la ley llevan aparejadas sanciones desde los 3.000 euros, por una infracción leve, hasta el millón de euros por una muy grave.

Fuente: ElAlmeria.es