El responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, exigirá esta tarde en el Parlamento Europeo la aplicación inmediata de la sentencia que anula el acuerdo de libre comercio agrícola de la UE con Marruecos al incluir de forma ilegal al Sáhara Occidental, territorios sobre los que la ONU no reconoce la soberanía del país alauita.
Góngora es el único representante de los agricultores españoles que participa en la Conferencia organizada en la Eurocámara para analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que anula el acuerdo agrícola entre ambos territorios. Durante su intervención, el productor almeriense analizará las repercusiones de este para nuestro sector hortofrutícola.
En la campaña actual 2015/16, las entradas de tomate en la UE según datos de la DG TAXUD se han incrementado un 71% en octubre, +6% en noviembre, +7% en diciembre, +18% en enero, +12% en febrero y +14% en marzo, respecto a la media de los últimos tres años.
Mientras tanto, la campaña 2015/16 ha sido desastrosa para la producción de tomate de España y, en general, de la UE. En España, según datos del propio Ministerio de Agricultura, el valor medio (salida de cooperativa) se ha situado en 0,50 €/kg, con mínimos históricos de 0,20 €/kg, según datos del sector trasladados a COAG.
"Hablamos de un acuerdo que daña profundamente la economía de múltiples zonas de producción europeas, erosiona la preferencia comunitaria y ataca directamente nuestros calendarios de producción. Y no solo eso, es un acuerdo que se está incumpliendo de forma sistemática, en beneficio de unos pocos. El control del fraude en las aduanas de la UE es prácticamente inexistente y se ve favorecido por una normativa débil y hecha a medida de aquellos que quieren evadir el pago de tasas", ha adelantado Góngora.
Además, el representante de COAG subrayará que el acuerdo UE-Marruecos vulnera la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas en lo concerniente a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de las importaciones marroquíes.
"Se está produciendo una clara vulneración y un perjuicio de los derechos de los ciudadanos comunitarios como consumidores, en lo que concierne a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de los productos respecto a la procedencia de los mismos. La legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos del sector destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. Ahora bien, la capacidad del consumidor europeo para discernir si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, se encuentra limitada y sus derechos, en este sentido, vulnerados", ha precisado Góngora.