Los efectos de la pertinaz sequía, que se prolonga ya por cuarto año consecutivo en tierras valencianas, sobre el sector agropecuario son cada vez más ruinosos. Un informe elaborado por los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), a partir de las últimas inspecciones sobre el terreno del estado que presentan los cultivos, permite cifrar en 245 millones de euros las pérdidas ocasionadas en la agricultura y la ganadería de la Comunidad Valenciana por este continuado déficit de lluvias.
Si bien el desastre es generalizado, el ranking de la devastación está encabezado por los cítricos, donde los sobrecostes que implican la necesidad de realizar más riegos, la incidencia de las plagas y el aumento del desembolso para combatirlas, así como los problemas de calibre detectados, arrojan unas pérdidas globales de 147,5 millones de euros. Sin embargo, y en términos globales, son las producciones de secano las que se están llevando la peor parte. No se libran de la devastadora incidencia de la sequía los frutos secos, con unas pérdidas acumuladas de 14,7 millones.
Durante el último año hidrológico la Comunidad Valenciana ha sufrido un déficit de precipitaciones un 40% superior a la media histórica, lo que convierte al presente ejercicio en el segundo más seco del último medio siglo. “Ante una situación excepcional se impone la adopción de medidas excepcionales”, sintetiza el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. Por eso, esta organización agraria ha remitido un escrito a los ayuntamientos valencianos solicitando que en sus plenos aprueben medidas de apoyo al sector agropecuario y trasladen sus demandas al respecto a las administraciones central y autonómica.
Las cuatro peticiones planteadas son la aplicación de un módulo cero en la declaración del IRPF correspondiente a 2016, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Rústico, la puesta en marcha de créditos bonificados para todos los agricultores y ganaderos afectados por la sequía y, finalmente, el establecimiento de un plan de ayudas específicas por hectárea.
“Se trata de medidas que es preciso aprobar urgentemente –explica Aguado– ante la gravedad de lo que está sucediendo y esperamos que el Ministerio de Hacienda use criterios claros y sensatos y no se olvide, como le ocurre todos los años, de incluir a todos los pueblos que están padeciendo esta coyuntura. En cualquier caso, el déficit hídrico de la Comunidad Valenciana es un problema estructural que habrá que resolver con una política de Estado valiente, decidida y realista que permita dar agua al que, como nosotros, se está muriendo de sed”.