Los sindicatos consideran que la nueva legislación es un "importante avance", y calculan que hay unos 430.000 trabajadores agrícolas que sufren condiciones de explotación extremas en todo el país.
Bajo el sistema conocido como "caporalato", un intermediario suele dar trabajo, organizar y pagar a los recolectores de frutas y otros trabajadores temporeros, lo que permite a su auténtico patrón evadir los impuestos de las nóminas. Supuestamente, en la mayor parte del sector, estos trabajadores cobran entre 22 y 30 euros al día, muy por debajo del salario mínimo legal, y trabajan de 10 a 12 horas diarias. En la práctica, muchos trabajadores ganan incluso menos porque los intermediarios les cobran el transporte hasta la plantación o incluso el agua.
Los legisladores han reforzado las regulaciones del sector después de que murieran varias personas en las plantaciones en verano de 2015. Por otra parte, los activistas alegan que el problema ha empeorado en los últimos años con la llegada de miles de inmigrantes a Italia, muchos de los cuales terminan viviendo en la clandestinidad. Por último, el ministro de Agricultura, Maurizio Martina, recibe esta nueva ley con los brazos abiertos. "Ahora tenemos maneras más eficaces de combatir en lo que tiene que convertirse en una batalla diaria, porque no se debe negociar con la dignidad humana", concluye.
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