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Nueva Zelanda: La defensa en la demanda del kiwi afirma que el ministerio no tenía ningún deber de protección

La defensa en el caso del kiwi de Nueva Zelanda, en el que 212 demandantes buscan compensación por los daños provocados tras el brote de Psa en 2010, ha comenzado su intervención declarándole al tribunal que el deber de protección en que los demandantes se apoyan no existe.

Los demandantes, Strathboss Kiwifruit y Seeka, aseguran que el Ministerio de Industrias Primarias actuó con negligencia en virtud de la Ley de Bioseguridad al permitir la entrada al país de la bacteria procedente de China.

El Estado, representado por Jack Hodder QC, argumenta que las acusaciones de negligencia "están mal interpretadas en la ley y no se fundamentan en las pruebas". La defensa señala que, históricamente, los tribunales de Nueva Zelanda no han reconocido el deber de protección de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones en interés del público general. Se alegará que, aun en el caso de que exista una violación, se aplicará la inmunidad legal de conformidad con la Ley de Bioseguridad.



La defensa también ha rechazado las acusaciones de los demandantes sobre que 11 decisiones del Ministerio de Agricultura y Pesca violaron el deber de protección, y que se produjo un fallo sistemático. Hodder ha dicho al tribunal que los funcionarios tomaron decisiones razonables fundamentadas en la ciencia en aquel momento y que no deben ser juzgados en retrospectiva.

Tras escuchar las pruebas presentadas por los demandantes sobre la infección, Hodder ha respondido asegurando que las pruebas presentadas no establecen que el envío (de polen de kiwi, que también contenía anteras) de 2009 infectara los huertos de Olympos o Kairanga, y que no existen pruebas genéticas del origen de la Psa, puesto que ninguna de las cepas identificadas en Shaanxi, o en China, son idénticas a la de Nueva Zelanda.

La defensa también se ha apresurado a señalar los procesos logísticos en la frontera, y que las funciones se llevaron a cabo en virtud de la Ley de Bioseguridad en interés público en su más amplio sentido, no en beneficio de intereses económicos privados. Hodder ha añadido que es complicado decidir qué atraviesa la frontera, pues las industrias primarias necesitan acceso a material genético para conservar su competitividad, y un retraso excesivo en el sistema podría alentar a los particulares a actuar de forma ilegal.

El Estado tiene programado presentar los testimonios científicos de 30 testigos.

En su presentación de pruebas, los demandantes alegaron que la Psa era una enfermedad conocida por el Ministerio de Agricultura y Pesca y los funcionarios de fronteras de todo el mundo, y que suponía un riesgo para el sector del kiwi neozelandés y los productores de esta fruta. Argumentan que al no imponer unos requisitos estrictos para la importación de polen, el Ministerio de Industrias Primarias actuó con negligencia.

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