Fecon señaló que “mientras el gobierno de Unidad Nacional se empeña en ponerle impuesto a la canasta básica, las industrias contaminantes continúan exoneradas y recibiendo beneficios fiscales, y evadiendo la responsabilidades ambientales. Un ejemplo claro es el sector piñero”.
Según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) del Ministerio de Agricultura y Ganadería las exportaciones de piña fresca generaron USD$ 953.166.000 el año pasado, lo cual representa un 19,5% de las exportaciones en materia agropecuaria de Costa Rica. Mientras que las exportaciones de banano se valoraron en USD$ 1.042.171.000.
Hay que señalar una diferencia importante entre la industria piñera y bananera: el sector piñero costarricense está exento del impuesto de exportación mientras el banano al menos está gravado. Impuesto al banano está establecido en USD$ 1,00 por caja de 40 libras de fruta exportada.
“En el caso de que el Estado aplicara un impuesto similar a los millonarios piñeros el Ministerio de Hacienda obtendría USD$162.590.000 al año. Lo equivalente a ¢91.000 millones, más de un 10% de hueco fiscal que arrastra Costa Rica. Pero además superaría los ingresos que obtendría el Estado de ponerle IVA a la Canasta Básica. El impuesto a la exportación de piña generaría 1,5 veces más que gravar la caja de leche, el pan, los frijoles, el arroz, etc”, indican en el comunicado.
Para Fecon el plan fiscal es regresivo, neoliberal y no se basa en un criterio de justicia fiscal. Es por esto que proponen que cada persona pague impuestos según la cantidad de riqueza que tiene y que contribuya en materia fiscal cuando su actividad conlleva riesgos al ambiente, la salud pública y la infraestructura de las comunidades vecinas de las plantaciones.
Según Fecon “las empresas piñeras contaminantes siguen impunes mientras el Estado cubre sus impactos con dinero público. Se sabe que el costo de las fuentes contaminadas con bromacil es cargado al impuesto de Acueductos y Alcantarillados. Un ejemplo de esto es que en semanas anteriores se inauguró el nuevo acueducto de Milano de Siquirres con un costo de ¢374.480 millones de los cuales las empresas piñeras no colaboraron en absolutamente nada”.
Los ecologistas afirman que un impuesto a la exportación de piña no resuelve la crisis ambiental en la que esta el país, pero si será un paso en la dirección correcta en materia de justicia ambiental y fiscal.
Fuente: elmundo.cr