Los problemas de atasco en la comercialización que caracterizaba la campaña de las clementinas de media temporada en la Comunidad Valenciana amenazan con convertirse en un desastre económico de consecuencias graves para los productores citrícolas.
Si inicialmente las cifras del aforo de la Generalitat anunciaban una vuelta a los niveles normales de cosecha (casi 4.000.000 de toneladas totales de los cuales un 1.100.000 de clementinas), con abundancia de calibres pequeños lo que de entrada auguraba una campaña complicada, a ello se ha sumado en el mes de noviembre el retraso en el frío en Europa, un episodio de borrascas y gotas frías que han traído lluvias continuadas en la zona citrícola, y por si faltara algo más, la huelga de los “chalecos amarillos” está trastornando los movimientos de la fruta a su paso por Francia, retrasando o impidiendo el envío de los pedidos ya formalizados.
La magnitud del desastre para el productor según fuentes de organizaciones profesionales agrarias nos la proporcionan algunos indicadores: pérdidas de cosecha por lluvias en el entorno de los 70-100 millones de euros, más del 50 % de la cosecha de clemenules de Castellón por vender en este momento, los pocos tratos en campo que se hacen en la zona de Valencia con precios entre de 0,14-0,15 euros /kg, insuficientes para cubrir los costes de cultivo, y un clima con humedades ambientales altas y lluvias continuadas que hace que la fruta pierda rápidamente condición comercial o directamente se convierta en “destrío”.
Mientras se confía en que el mercado europeo recupere el nivel de pedidos normal y se estimulen las ventas, la situación dibuja un escenario de crisis grave por sus consecuencias económicas y sociales si no se actúa por la Generalitat (Conselleria de Agricultura) y el sector citrícola en su conjunto de forma rápida y decidida.
Las medidas de apoyo que se tomen deben ser compatibles con la normativa comunitaria. De entrada existe una especifica para la gestión de crisis que se podría activar: la retirada de frutas para distribución gratuita y alimentación animal, lo que permitiría descongestionar el mercado de calibres pequeños. La retirada la pueden hacer las organizaciones de productores de cítricos (OPC) con ayudas comunitarias para el productor que van desde los 12 céntimos de euro/kilo si el destino es alimentación animal hasta los 32 céntimos de euros/kilo si el destino es a entidades caritativas. Esta medida podría tomarse de forma coordinada sectorialmente en el seno de INTERCITRUS, aprovechando las aproximadamente 80 OPC, fundamentalmente cooperativas y SAT, que controlan un 50 % de la producción citrícola de la Comunidad Valenciana. Por esta vía que está limitada por reglamento al 5 % de la media de producción de las 3 campañas anteriores podrían quitarse del mercado hasta un máximo de 50.000 toneladas de calibres pequeños, lo que debería redundar en un beneficio global para todos los productores.
Complementariamente la administración agraria debería valorar la pérdida de rentas que están sufriendo los productores que les limita las inversiones y gastos de cultivo de la próxima campaña, y podría gestionar ayudas individualizadas con cargo a sus fondos propios. Compatibles con la normativa comunitaria son las ayudas de minimis a la produccion primaria llamadas así por su pequeño importe, lo que las hace estar exentas de las normas de competencia.
Aquí se abren dos posibles vías de apoyo: ayudas directas con un tope de 15.000 EUR durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, o ayudas en forma de bonificaciones de tipos de interés en prestamos. En este segundo caso el tope se fija en 75 000 EUR a lo largo de cinco años, o 37 500 EUR a lo largo de diez años. Otra condición adicional es que para que sean compatibles con el régimen de minimis las ayudas no deben fijarse sobre la base del precio o la cantidad de los productos comercializados, sino sobre otros parámetros.
Centrado en el tema de los daños por lluvias, alguna organización profesional agraria está pidiendo además otro tipo de medidas de apoyo económico como puede ser la aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF correspondiente a 2018 para todos aquellos agricultores que se han visto afectados por las persistentes precipitaciones, y la devolución, o exención en su caso, del impuesto de bienes inmuebles (IBI) rústicos para todos aquellos términos municipales que hayan sido víctimas de esa misma coyuntura adversa.
En cualquier caso, la gravedad de la situación de precios en el campo y el peligro de que una gran parte de la cosecha de clementinas se pierda sin llegar a venderse, con la consiguiente pérdida de ingresos para los productores, aconsejan tomar medidas con urgencia tanto por parte de la administración en forma de apoyos económicos, como del propio sector citrícola que debe coordinar actuaciones para maximizar sus efectos positivos.
Fuente: esdiario.com