El Comité Libre de Agricultores y Comerciantes de Apulia y Basilicata, que reúne la mayor parte de toda la producción y distribución nacional de uvas sin semillas, presentó un expediente voluminoso el 10 de junio de 2019 ante la Autoridad Reguladora de la Competencia y del Mercado. Mediante este dosier el comité denuncia los esquemas contractuales utilizados (o de acuerdo con la queja, "impuestos") por los obtentores para regular y organizar la producción, cosecha, entrega y comercialización de las uvas sin semillas.
"Esto no significa una guerra contra las patentes o contra la innovación en la agricultura”, explica Lorenzo Colucci, presidente del comité y uno de los pioneros de la introducción de variedades de uvas sin semillas, “sino solo una verificación de los límites de los derechos de los titulares de patentes, con el fin de prevenir y sancionar todas las posibles formas de abuso que puedan dañar los intereses de los agricultores y distribuidores, que hoy en día se han visto en el mero papel de aparceros".
El asunto se refiere a la extensión y las modalidades en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con las plantas y sus frutos (derechos de patentes vegetales, otorgados en Europa por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, CPVO, y marcas comunitarias, otorgadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO), que, según el Comité, serían utilizados por los obtentores de manera abusiva, creando así una situación económicamente insostenible y perjudicial y vulnerando la ley de la libre competencia.
Recientemente, en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha condenado a los responsables del club varietal Nadorcott, un cultivo de mandarina patentado, por considerar que el sistema contractual violaba los derechos de los productores y vendedores a distribuir libremente la fruta obtenida de las plantas, a pesar de haber pagado las regalías de las plantaciones.
Hay muchos aspectos de la relación contractual denunciados por el comité, en particular: confusión sobre el material de propagación, a menudo sin garantías fitosanitarias; arbitrariedad de las empresas distribuidoras en la recolección y comercialización de los frutos de la cosecha; conflictos de intereses entre viveros, distribuidores y productores; falta de transparencia en las condiciones del precio de reventa; condiciones contractuales consideradas injustas.
Se trata de los puntos en los que se basa la Directiva 2019/633, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que ha sido ratificada recientemente y que prohíbe expresamente una serie de prácticas comerciales definidas como "desleales".
“Es un asunto comunitario que no solo concierne a Apulia y Basilicata, sino a Italia y otros países de Europa, y es por eso por lo que contamos con el apoyo de muchas organizaciones nacionales y europeas. Creemos que el 10 de junio puede ser una fecha histórica”, explica Colucci.
Para más información:
Lorenzo Colucci
Comitato Liberi Agricoltori e Produttori di Puglia e Basilicata liberiamoleuveseedless@gmail.com