España amplía la "lista negra" de prácticas desleales sancionables en la cadena alimentaria

El Consejo de Ministros presentó el martes 30 de junio un anteproyecto de ley para realizar una modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de avanzar hacia un mayor equilibrio en las relaciones entre los distintos eslabones agroalimentarios (agricultores, industria y supermercados), como ha informado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro ha explicado que el anteproyecto “amplía los productos” afectados por la normativa, así como el número de prácticas comerciales consideradas desleales, como por ejemplo, las relativas a las cancelaciones de contratos. Además, “incorpora sanciones”, ha subrayado Planas.

De esta forma, el anteproyecto empieza su tramitación, con el objetivo de que la nueva ley pueda salir adelante este otoño, según el ministro.

La modificación de esta regulación es la segunda en 2020, ya que en febrero el Ejecutivo aprobó otro cambio introduciendo la obligatoriedad de los contratos escritos y además, la imposición de sanciones por faltas graves, como la venta a pérdidas.

Entre las medidas incluidas en el anteproyecto presentado, se establece que tendrá cobertura comunitaria cualquier transacción entre los operadores de la cadena alimentaria que en parte se haya producido en España, se amplían los productos cubiertos por la ley -no solo serán los primarios sino también los alimentos transformados- y extiende los supuestos en los que los contratos serán obligatorios.

Ampliación de la “lista negra” y la “lista gris”
En cuanto a las prácticas comerciales desleales, el Gobierno amplía las que están dentro de una “lista negra”, prohibidas, y las que forman parte de una “lista gris”, es decir aquellas que pueden ser toleradas si se han reflejado en el contrato, en los acuerdos entre las partes. El anteproyecto incorpora nuevas infracciones sancionables y recoge como tales la totalidad de las prácticas comerciales vetadas.

Entre las leves destacan la cancelación de un pedido de perecederos dentro de los 30 días previos a la entrega; y la devolución al proveedor, por el comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos, según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un comunicado.

Como graves se incorporan el incumplimiento de la obligación de suministrar la información cuando le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección y la obstrucción de los inspectores.

 

Fuente: efeagro.com


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