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“No es una opción, es una obligación legal“

España: El precio final de compraventa no podrá situarse por debajo de el coste efectivo de producción

El pasado 26 de febrero el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publicó el Real Decreto-Ley 5/2020 de medidas urgentes en materia agrícola y alimentaria que reformaba de forma puntual la Ley de la Cadena Alimentaria. Una de sus aportaciones ha sido que será de obligado cumplimiento la inclusión de un cálculo del “coste efectivo de producción” de cada alimento fresco o transformado en los contratos, en cualquier eslabón de la cadena, para que el precio final de compraventa nunca se sitúe por debajo de él.

“No es una opción, es una obligación legal“, afirmaba Planas a finales de junio al defender en el Pleno del Congreso que los costes de producción sean a partir de ahora la base para la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario. Sin embargo, esta medida ha provocado opiniones dispares en el sector productor.

Las organizaciones Asaja, UPA y COAG han valorado positivamente en líneas generales la respuesta legislativa del Ejecutivo a su demanda de precios justos.

Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias de España no ha querido hacer una valoración de la reforma de febrero –que también regula las promociones comerciales de alimentos–, pero sus representantes en Andalucía consideran que obligar a vender por encima de costes de producción puede conllevar “más perjuicios que beneficios”. “Puede ser el fin de las explotaciones menos rentables o el remplazo de los productos españoles por otros más competitivos en los mercados interiores y exteriores, como ocurre en España con el tomate marroquí“, han puesto como ejemplo.

El director de la federación de frutas y hortalizas Fepex, José María Pozancos, no ve problemas siempre que el precio de mercado esté por encima del coste efectivo de producción, pero opina que en situaciones de crisis y con una demanda de mercado exterior donde no existe ese requisito, la ley será “inaplicable“.

En Almería, el gerente de la asociación de productores-exportadores hortofrutícolas Coexphal, Luis Miguel Hernández, no rechaza la ley, pero sí pone en duda su aplicabilidad ya que desde su punto de vista necesita un “desarrollo normativo más completo”.

Tanto Fepex como Coexphal prefieren un modelo como el de Francia, donde no se imponen precios, sino que se recomiendan, y hay un régimen de precio posventa por si los de mercado son inferiores a los resultantes de marcar el coste de cada eslabón en determinados momentos.

El MAPA quiere finalizar en octubre la segunda y última fase de la reforma de la Ley de la Cadena 12/2013 con la transposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, que ampliará el abanico de infracciones y protegerá a los operadores nacionales en las relaciones comerciales internacionales.

 

Fuente: efeagro.com


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