UPA Huelva ya denunció en sus perfiles de redes sociales el pasado 16 de febrero la existencia de una “guerra de precios” que afecta a los productos agrícolas y ganaderos. En un momento en el que la pandemia ha afectado a la capacidad adquisitiva del consumidor final, las grandes cadenas compiten por no perder cuota de mercado bajando los precios de los productos de primera necesidad.
La organización quiere dejar claro que no se posiciona en contra de que los consumidores finales puedan optar a productos a mejor precio, el problema es que esta bajada no se está repercutiendo en el margen de beneficios de estas cadenas sino en el precio que se paga a nuestros agricultores y ganaderos.
Así, mientras miles de hogares son bombardeados con ofertas promocionales, los productores temen que los contratos de comercialización se presionen a la baja para que sean ellos los que soporten la caída de precios.
Un ejemplo claro de esto en nuestra provincia es, como viene denunciando UPA Huelva desde hace ya varias semanas, la insistencia de Carrefour por utilizar la fresa como producto reclamo en un momento en el que no hay producción debido a cómo ha afectado la situación climática a la campaña. La organización también ha detectado cómo Carrefour, Aldi y Lidl están bajando los precios con ofertas similares para atraer clientela a sus establecimientos.
Precisamente este tipo de situaciones son las que justifican especialmente la existencia de una Ley de Cadena Alimentaria que defienda a los productores de este tipo de abusos y establezca mecanismos que impidan que se vendan productos agrícolas y ganaderos por debajo de los costes de producción.
Desde el mes de enero, en todo el territorio nacional UPA viene compareciendo en diferentes ámbitos para trasladar, entre otras cuestiones, los siguientes mensajes:
- Prohibir la venta a pérdidas en el último eslabón.
- Crear un registro de contratos.
- Incluir en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal horeca a partir de los mínimos estipulados por la ley 12/2013.
- Reforzar la figura del mediador.
- Generar índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública.
Estas reivindicaciones se han realizado en la comisión de agricultura del Congreso, a los partidos políticos y de forma pública, defendiendo la incorporación de enmiendas a la Ley para que se articulen mecanismos de defensa del sector dentro de la cadena alimentaria.
UPA Huelva lanza el mismo mensaje que en años anteriores: no descansaremos en denunciar la especulación con los productos agrícolas y ganaderos, poniendo nombre y apellidos a quien lo haga.
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