Detienen en Huelva a 2 empresarios agrícolas por vender contratos laborales a extranjeros irregulares por 5.000 €

La Policía Nacional detuvo el pasado 25 de mayo a dos empresarios del sector de las berries de la localidad de Palos de la Frontera (Huelva) a los que se les han imputado delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de estafa y de coacciones.

Los empresarios, administradores de dos mercantiles, empleaban y acogían en sus fincas a ciudadanos extranjeros irregulares durante varios años sin darles de alta ni abonar sus seguros sociales, aprovechándose de su estado de necesidad al carecer de sustento económico ni manera de conseguirlo –dada su situación irregular–, más que el que les reportaba el trabajo que realizaban en sus fincas, viéndose abocados a trabajar en las condiciones que los empresarios les imponían.

Cumplidos los plazos requeridos de permanencia en territorio nacional y una vez reunidos el resto de requisitos, los extranjeros podían solicitar la regularización de sus situaciones precisando para ello presentar, entre otros, un precontrato laboral, que los empresarios les proporcionaban a cambio de 5.000 euros.

Mano de obra barata
Según las víctimas, la comunidad marroquí de la zona con necesidad de hogar, empleo y regularización, tenía constancia de la praxis que empleaban los dos detenidos, por lo que acudían a ellos según necesidades. Los empresarios se aseguraban durante años la “clientela” suficiente para la “venta” de los contratos, y por otro lado, conseguían mano de obra barata dispuesta a cumplir con las condiciones impuestas por ellos.

Las investigaciones han demostrado que los detenidos operaban con absoluto desprecio hacia los empleados, pudiéndose comprobar que una de las víctimas padecía una enfermedad terminal en estado avanzado, así como su escasez de recursos, y aun así la mantuvieron trabajando en las mismas condiciones que los demás con la promesa de ayudarle con su regularización al finalizar la campaña, si bien quedó todo en falsas promesas; una vez dejó de serles imprescindibles sus servicios llegaron incluso a expulsarla del alojamiento que le habían facilitado durante la campaña, dejándola en una situación de total desamparo.

A pesar de que estos hechos se repetían año tras año con la venta de al menos una veintena de contratos, la colaboración precisa para depurar dichas responsabilidades penales no se obtuvo hasta que una de las víctimas, tras ser empleada por estos empresarios durante más de medio año con el único objetivo de cubrir el “precio” por conseguir su precontrato, fue despedida sin que le dieran el documento, estafándole los 5.000 euros que pagó por el contrato que nunca obtuvo.

Dicha persona llegó incluso a ser coaccionada con la amenaza de dar cuenta de su estancia irregular cuando les manifiestó su intención de denunciar la situación sufrida ante las Fuerzas de Seguridad del Estado.

 

Fuente: agrodiariohuelva.es


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