Citricultores y exportadores de Castellón alertan del peligro que podría representar la ley de precios mínimos

En febrero del 2020, los agricultores de todo el país se echaron a las calles con sus tractores en protestas multitudinarias para pedir precios justos por sus productos. Como respuesta, el Gobierno aprobó la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, una norma ideada para proteger a los productores cuyo punto central es la prohibición de vender por debajo de los costes de producción, y que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados. No obstante, el documento, que podría aprobarse a final de este mismo año, no contenta a todos.

En Castellón, donde el año pasado decenas de productores denunciaban una situación insostenible para un sector que, según alegaban, se encontraba al borde de la ruina, la Asociación Profesional de Exportadores de Fruta de Castellón (Asociex) ha rechazado esta normativa alegando que penalizará todavía más a los pequeños citricultores (la inmensa mayoría en la provincia), que tienen costes más altos. "Les llevará a no poder vender su producción en situaciones frecuentes de crisis de precios", explica Enrique Ribes, secretario general de la entidad. 

La ley asegura que no va a ser posible colocar producto en el mercado a precio inferior al coste de producción. Y el problema, aseguran los exportadores, es que la medida solo afectará al agricultor español. "La norma beneficiará a nuestros competidores citrícolas de terceros países, como Sudáfrica, Egipto o Marruecos, a los que estamos concediendo una baza importante, ya que no tienen ningún coste efectivo que respetar, gozan de unos costes y exigencias de seguridad inferiores y exportan a la UE sin aranceles", avisa el secretario de Asociex.

Más mecanismos de control
Aunque Asociex no es la única entidad que ha manifestado su duda acerca de la efectividad de esta ley. Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors, manifiesta: "No tenemos ninguna esperanza de que esta ley vaya a solucionar los problemas de los agricultores. Ojalá nos equivoquemos, pero hoy por hoy pensamos que va a servir de muy poco". Peris ha insistido en la necesidad de que Agricultura o algún organismo público establezcan un coste efectivo de producción en cada cultivo y para cada eslabón que interviene en la cadena de valor.

La Unió también teme las consecuencias de establecer un precio mínimo. "La Ley prohibirá vender por debajo el coste. El problema es que si el coste de producción de un kilo de clementinas se sitúa, por ejemplo, en 0,26 euros, esa cantidad podría acabar convirtiéndose en precio mínimo y máximo".

Asociex, a través del Comité de Gestión de Cítricos (CGC), se ha sumado a la petición del sector platanero (Asprocan) al solicitar también la excepcionalidad para los cítricos cuando entre en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria. 

 

Fuente: elperiodicomediterraneo.com


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