La CE, España y Francia se oponen a la propuesta, presentada por un país miembro cuya identidad se desconoce

La UE rechaza la supresión arancelaria solicitada para la banana fresca importada para uso industrial

La Comisión Europea rechazó este lunes la propuesta para la supresión de aranceles para la banana fresca importada para uso industrial; una suspensión que se habría aplicado solamente a aquellas bananas que una vez que llegaran a Europa no cumplieran con las normas de comercialización y se destinaran a la industria.

Desde que se conoció esta propuesta, solicitada por un país miembro cuya identidad no se ha dado a conocer, el Ministerio español de Industria, Comercio y Turismo y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), la Asociación de Productores Europeos de Bananas (Apeb) y autoridades de Francia, trabajaron coordinadamente en la acreditación de los riesgos que supondría aceptar esta solicitud para el sector europeo.

Ambos ministerios y las organizaciones de productores argumentaron ante la Comisión Europea que la aceptación de esta "suspensión arancelaria" supondría abrir "una puerta trasera" para que la banana americana entre en el mercado europeo sin arancel, obteniendo el apoyo del organismo comunitario.

En consecuencia, la Comisión Europea, España y Francia se opusieron a la propuesta presentada en el marco de la negociación de suspensiones arancelarias para el próximo 2022, por lo que el presidente de Asuntos Arancelarios de la UE adoptó la decisión de no aceptarla.

Esta decisión da un pequeño soplo de aire a los productores de plátanos, agrupados bajo la denominación de Plátano de Canarias, que están luchando para reformar la Ley de la Cadena Alimentaria que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Su principal objetivo es que se incluyan excepciones en la obligación legal de que los agricultores reciban retribuciones iguales o superiores a los costes de producción. Según Asprocan, de no conseguir este acuerdo, se podría destruir hasta el 80% de la producción y un mínimo de 100 millones de euros en pérdidas cada año.

 

Fuente: merca2.es


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