La UE culmina la segunda reforma agrícola más profunda de su historia tras 3 años de negociaciones

El Pleno de la Eurocámara ha ratificado este martes la PAC para 2023-2027, un paso que culmina tres años y medio de negociaciones entre las instituciones de la UE. Se trata de la segunda reforma agrícola de más alcance de la UE, solo superada por la de 1992 (llamada MacSharry), según los ponentes del Parlamento Europeo sobre la PAC.

La reglamentación ratificada, que acordaron las instituciones de la UE en junio, entrará en vigor en 2023, ya que en estos momentos se aplica un reglamento transitorio de dos años.

La PAC afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE, a 695.000 beneficiarios españoles y contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros, 47.724 millones para España. Entre las novedades principales, la PAC introduce los llamados “ecoesquemas” o pagos que supondrán un 25% de las ayudas directas, otorgados a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.

Pero sobre todo son innovadores los planes estratégicos nacionales, con los que los países diseñarán el reparto de las ayudas y que deberán ser remitidos a la Comisión Europea (CE) antes del 31 de diciembre. Los ponentes y eurodiputados de todos los grupos políticos, entre ellos los españoles, han remarcado que ahora la pelota está en el tejado de los Gobiernos, para conseguir una aplicación adecuada de esta política.

En las últimas fases de la reforma, ha transcendido más la llamada “arquitectura verde” de la PAC, pero la normativa aprobada por la Eurocámara incluye novedades interesantes en la gestión de los mercados, como la prórroga del sistema de autorizaciones administrativas y el etiquetado en el caso del vino o la posibilidad de “autorregular” la oferta en un sector, en caso de crisis, como ya se permite en el ámbito lácteo.

También supone la extensión a otros sectores de medidas que ya se aplican en el segmento de frutas y hortalizas para fomentar la comercialización y la concentración.

Por primera vez, además, la PAC incluye una “condicionalidad” social, lo que significa que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales recibirán ayudas, lo que empezará a aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023 y obligatorio desde 2025.

 

Fuente: efeagro.com


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