La Justicia obliga a arrancar 4,9 hectáreas de cítricos en la franja de mayor protección del Mar Menor

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha ordenado la reposición a su estado natural de una superficie de 4,91 hectáreas de cítricos en el paraje Casa de lo Pereas, en el término municipal de Cartagena, que se encuentran en la Zona 1, la de máxima protección del Mar Menor.

Esta sentencia sienta un precedente para aquellas explotaciones agrícolas del entorno de la laguna que han sido sancionadas por riego ilegal y que se resisten a dejar dicha actividad. También pone coto a futuras reclamaciones de los afectados.

De esta forma, el TSJ desestima la suspensión que pedía la empresa que explota los terrenos, como medida cautelar, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la orden de la Consejería de Agua y Agricultura del pasado 8 de febrero, que obligó a la reposición de los terrenos a su estado natural. Se trata de la primera resolución del TSJ desestimando el recurso de un particular ante la orden de la Consejería. En estos momentos, 11 de los 50 propietarios afectados por los primeros expedientes de restitución han recurrido a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Conocido este fallo, entra dentro de lo probable que tales recursos sean también desestimados si se repite la casuística.

La reposición de los regadíos ilegales a su estado natural se justifica por razones de protección medioambiental, en la competencia autonómica de control de contaminación causada por los nitratos de origen agrario. La orden da un plazo de dos meses para la presentación del proyecto de restitución del terreno y fija en seis meses el plazo máximo de ejecución.

En su argumentación, la sala indica que resulta de obligado cumplimiento la restitución, por haber realizado, sin autorización del organismo de cuenca, un uso privativo de aguas en terrenos que se encuentran en la Zona 1 fijada por el decreto ley de protección integral del Mar Menor. Recuerda que, mediante una resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de octubre de 2019, "se impuso a la recurrente una multa de 3.000 euros por uso privativo de aguas públicas sin autorización".

No hay perjuicio irreparable
Los magistrados, tras analizar los argumentos alegados por la recurrente, sostienen que, "aun considerando la existencia de posibles perjuicios, serían indemnizables en caso de una eventual sentencia estimatoria, pues son cuantificables económicamente, y la reparación se obtendría con la valoración de lo arrancado y el pago a la interesada del importe correspondiente". Aunque "no comparte este tribunal la alegación de la parte de que el arranque del arbolado le puede causar perjuicios irreparables, pues un terreno que no puede ser regado desde hace dos años no debe encontrarse en su óptima producción".

El tribunal impone el pago de las costas a la empresa recurrente. La resolución no es firme.

 

Fuente: laverdad.es


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