El sector citrícola español podría salir triplemente perjudicado por la guerra en Ucrania. “De un lado, porque las sanciones al régimen de Putin y la situación bélica en el mar Negro han complicado las exportaciones hortofrutícolas a Rusia, lo que podría estar reorientando la oferta de países competidores como Egipto, Marruecos o Turquía hacia la UE, presionando los precios a la baja. Del otro, porque la crisis ha acelerado el crecimiento de todos los costes de producción, ya iniciado antes del conflicto. Y, finalmente, porque, ante la carestía de cereal generada, han aumentado las voces en los Estados miembros –empezando por el Gobierno de España– que abogan por una rápida ratificación del tratado de la UE con Mercosur. Quienes defienden tal cosa pretenden facilitar la importación masiva de grano desde Argentina y Brasil”.
El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), por el contrario, rechaza esta alternativa y, es más, la considera una “trampa”. Así se manifiesta su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, quien advierte que hacer tal cosa “solo favorecería a las grandes corporaciones agroindustriales y serviría para recompensar a Brasil, que está desmantelando su política medioambiental”.
Como viene denunciando el CGC, “el tratado con Mercosur tendrá también gran impacto sobre la citricultura española. Aunque Brasil produce y exporta mayoritariamente zumo de naranja a base de concentrado, ha desarrollado la producción de zumo 100% exprimido, que es de mayor calidad y más apreciado por el consumidor".
“España produce zumo NFC que va destinado en su mayor parte a Europa, que consume unas 250.000-300.000 Tm de origen español y 750.000-850.000 Tm de Brasil. Los bajos costes de producción y transporte marítimo permiten a los procesadores brasileños ofrecer el zumo 100% exprimido a un precio muy barato puesto en Róterdam o Gante, a pesar de que en la actualidad se le aplica un arancel del 12,2%. Brasil lidera el suministro del zumo tanto en volumen como en precio, y los mercados no aceptan el español a precios por encima del brasileño”.
El CGC, por otra parte, pone el acento en la incongruencia que supondría que la UE pasara por encima de las exigencias medioambientales y confirmase este tratado mientras mantiene en Europa el llamado Pacto Verde. Un macroproyecto que, en agricultura y entre otros objetivos, plantea reducir un 50% el uso de fitosanitarios y fertilizantes antes de 2030. Conviene recordar que el propio Parlamento Europeo, en resolución del 16 de septiembre de 2020, exigió que todos los tratados comerciales que suscriba la UE deben incluir garantías claras para combatir la deforestación.
“Mientras tanto, en el Congreso de Brasil varias iniciativas legislativas buscan flexibilizar la regularización de tierras ilegalmente ocupadas, y podrían redundar en un aumento de la devastación de la mayor selva tropical del planeta, incentivar más ocupaciones ilegales y deforestación en tierras federales y agudizar los conflictos crónicos en la zona”.
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CGC
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