Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue elaboraba hace más de 70 años, sus aspiraciones siguen sin cumplirse para millones de agricultores y trabajadores de todo el mundo. Hoy en día, los abusos de los derechos humanos y las vulneraciones del medio ambiente siguen siendo frecuentes en las cadenas de suministro agrícola y en el comercio mundial.
A pesar de las sólidas iniciativas, como la de Fairtrade, la legislación es vital para garantizar que se respeten los derechos humanos y medioambientales en cada paso del viaje de un producto, desde el campo agrícola inicial hasta el estante final de la tienda.
Las organizaciones de agricultores y los trabajadores agrícolas son los que tienen menos poder en las cadenas de suministro mundiales y a menudo reciben la menor parte del valor de un producto. En una carta abierta, los agricultores y trabajadores de Comercio Justo piden una legislación de diligencia debida, impactante y fuerte para cambiar la situación, pidiendo a la Unión Europea que incluya sus voces y necesidades en las próximas negociaciones.
"El diálogo con las personas afectadas negativamente por las prácticas empresariales es un principio fundamental en la diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Nosotros, como titulares de derechos, queremos que se nos escuche", reza un extracto.
La carta es una reacción a la propuesta de la Comisión Europea de una amplia ley de diligencia presentada recientemente. Más de 270 organizaciones certificadas por Fairtrade de Latinoamérica y África han firmado la carta que se ha enviado a los funcionarios europeos este 24 de mayo. Más de 40 empresas europeas apoyan su mensaje.
Los autores de la carta reconocen que la propuesta actual es un buen comienzo, pero cuestionan que la legislación sugerida sea lo suficientemente audaz como para producir un cambio positivo para los agricultores y los trabajadores.
Sus peticiones principales son que la futura legislación de la UE sobre derechos humanos y diligencia debida medioambiental (HREDD):
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Extienda la obligación de diligencia debida a toda la cadena de suministro y se aplique a todas las empresas;
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Promueva la colaboración y el reparto de los costes y disuada el "cut and run";
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Exija a las empresas que revisen y, en caso necesario, ajusten sus prácticas de compra y comercio;
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Mencione expresamente los ingresos y salarios dignos como derechos humanos;
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Exija un compromiso significativo de las partes interesadas con los agricultores y los trabajadores en cada etapa del proceso;
En su carta, los agricultores y trabajadores señalan que la propuesta se basa demasiado en las garantías contractuales (por ejemplo, los códigos de conducta), lo que facilita que las grandes empresas trasladen su responsabilidad a otros en la cadena de suministro en lugar de asumir el impacto de sus propias prácticas de compra.
También hacen hincapié en que una renta vital es un derecho humano y una condición previa para el cumplimiento de otros derechos humanos. Cualquier legislación futura debe acercar los ingresos actuales a los medios de vida sostenibles. Los grupos de agricultores y las plantaciones solo pueden abordar los problemas de derechos humanos y los retos medioambientales si las empresas comparten el coste de cumplimiento.
Además, los agricultores y los trabajadores destacan que es crucial el diálogo y la colaboración entre las empresas europeas y sus proveedores, pues eso hace que las empresas comprendan las múltiples formas en que los negocios afectan a las personas y al medio ambiente, y permite una colaboración eficaz para responder a los impactos adversos.
Los agricultores y trabajadores certificados por Fairtrade han abierto el diálogo. Hacemos un llamamiento a los legisladores europeos para que respondan, de modo que la futura legislación de la UE en materia de DD. HH. pueda suponer una diferencia real para los más afectados por las vulneraciones de los derechos humanos y los problemas medioambientales.
Fuente: Fairtrade