"Ha sido una campaña de terror de una gravedad, tamaño y duración sin precedentes en los Países Bajos". Con estas palabras, el fiscal describió las sospechas contra Ali G., de 37 años, de la localidad holandesa Bussum. Ali G. fue juzgado la semana pasada por extorsionar y amenazar a la gerencia del grupo hortofrutícola De Groot, de la localidad de Hedel. Según el Ministerio Fiscal, también es el autor intelectual de una serie de atentados con bombas pirotécnicas y tiroteos a las casas de empleados y antiguos empleados de la empresa. El Ministerio Fiscal pide una pena de prisión de 26 años y 7 meses.
La extorsión a la empresa de frutas, de la que es acusado Ali G., comenzó en 2019. El sospechoso de 37 años habría exigido 1,2 millones de euros a la gerencia en la primavera de 2019, y de no recibir la cantidad demandada, habría amenazado con matar a un empleado.
Y es que en octubre y noviembre de 2020, se produjeron atentados con bombas pirotécnicas contra viviendas de familiares y empleados de la empresa frutícola en las localidades de Tiel, Breda, Rosmalen, Vlijmen, Kerkdriel y Hedel, donde un edificio se quemó entero. En diciembre, la policía frustró dos ataques contra una casa en la localidad de Hilversum. Durante este periodo, la dirección recibió nuevos mensajes de texto amenazantes, en los que se exigían 2,5 millones de euros.
En mayo y junio de 2021, hubo tiroteos a viviendas en las localidades de Kerkdriel, Hedel, Velddriel y Waardenburg. El 5 de junio se produjo un incendio en una casa en Tiel, donde cuatro ejecutores fueron detenidos en el acto.
Impacto
Los incendios provocados, las explosiones y los tiroteos a viviendas difieren en gravedad y ejecución. Las calificaciones otorgadas por el Ministerio Fiscal varían desde incendio premeditado, con peligro o no de vida para los habitantes, hasta intento de homicidio.
En la acusación, el fiscal discutió extensamente el impacto de los incidentes: "Cientos de familias inocentes de empleados de la empresa hortofrutícola han estado viviendo durante años con miedo y aprensión en sus propias casas, el lugar donde todos quieren sentirse seguros".
No obstante, la policía y el Ministerio Fiscal no pudieron disipar este temor: "Diversas grandes campañas de protección (personal), los controles nocturnos en la autovía A2, el cierre del distrito de Bommelerwaard por todos los medios posibles y varias detenciones de sospechosos no pudieron evitar que los ataques continuaran".
A juicio del Ministerio Fiscal, el principal sospechoso también ha destrozado la vida de los atacantes: "Los ejecutores de los atentados parecen haber sido reclutados con bastante descuido entre muchachos jóvenes, a los que se les engañaba. Recibirían dinero y se les prometía de todo, una vez que la extorsión habría tenido éxito. La realidad es que en la mayoría de los casos, los ejecutores no obtuvieron nada en absoluto o una suma de dinero irrisoria".
Estafador
Según el Ministerio Fiscal, la conducta confirma la reputación del sospechoso como maestro estafador, lo cual también se desprende de sus antecedentes penales.
"El sospechoso hizo uso de la historia que él mismo inventó y que cuenta que la gerencia de la empresa se habría involucrado en el tráfico internacional de drogas, motivo por lo que sería extorsionada por otro grupo de traficantes de drogas", dijo el fiscal. La investigación policial no encontró ningún indicio de participación de la empresa hortofrutícola en el narcotráfico. "No obstante, la promoción exitosa de esta imagen fortaleció el miedo dentro de la sociedad. Y es que los narcotraficantes infunden mucho miedo con su poder acumulado, organización y recursos financieros".
A juicio del Ministerio Fiscal, el sospechoso es culpable de incitar 15 ataques, de los cuales 9 están calificados como instigación al intento de homicidio y 1 como incitación fallida al intento de homicidio. Además, el sospechoso sería culpable de extorsión prolongada durante dos períodos.
Para la determinación de la pena, el Ministerio Fiscal tiene en cuenta el elevado número de agresiones y la gravedad de los atentados. También tiene en cuenta que el sospechoso siguió organizando ataques después de su detención. La pena máxima por esta combinación de delitos es de 26 años y 7 meses. El Ministerio Fiscal no ve motivos para desviarse de ella y pide al tribunal que imponga la pena máxima.
Fuente: OM