Desde el año 2021, el sector alimentario vive una crisis inflacionaria no vista desde hace más de 40 años en todos los costes de producción agrícola y agroalimentaria. A esta situación se suma la preocupación por la disponibilidad de recursos de materias primas y de mano de obra para procesarlas, lo que amenaza la continuidad de las actividades de producción. Ante esta situación tan alarmante, es urgente reaccionar para garantizar la seguridad alimentaria.
El riesgo de paros de producción y de quiebra de los sectores agroalimentarios nunca ha sido tan real. Ninguna empresa se ha librado de esta gran crisis que afecta al precio y a la disponibilidad de los insumos (se ha paralizado el 50% de la capacidad de producción de nitrato de amonio en Europa), de las materias primas (descenso del 50% de los volúmenes de producción de judías y del 4% de los volúmenes de producción de leche), de la energía (aumento acumulado de aproximadamente el 350% desde 2021 del precio del gas natural y de la electricidad) y de los envases (aumento del 40% del precio de los plásticos y del papel-cartón).
De todos estos incrementos, la energía es la partida de gasto más importante para las empresas. La factura energética es ahora tal que no puede ser absorbida por las cooperativas. La Coopération Agricole indica que, si en Francia quieren seguir comiendo productos nacionales, necesitan urgentemente:
- El reconocimiento de que las actividades agrícolas y agroalimentarias cumplen una misión de interés general.
- La revisión de los criterios de elegibilidad para el pago de las facturas de energía de las empresas.
- La implementación de un escudo energético más eficaz.
- La indexación de los costes energéticos en la fijación de los precios de los productos alimentarios.
Al mismo tiempo, se debe actuar en el ámbito de las negociaciones comerciales para permitir que la inflación de los costes de producción de alimentos se tenga en cuenta a la hora de fijar los precios de los productos. Por eso, La Coopération Agricole exige necesariamente:
- La modificación de la temporalidad de las negociaciones comerciales: debe ser posible rediscutir las tarifas en función de la inflación o deflación de los costes de producción.
- La aplicación de una moratoria sobre las sanciones logísticas.
- La inclusión de los costes industriales en la evolución de los precios de los productos mediante indicadores sobre las distintas partidas de costes (energía en primer lugar, pero también envases, costes logísticos, etc.).
"La situación es grave: la inflación histórica de los costes de producción que estamos viviendo es una amenaza real para la capacidad de las empresas de mantener sus actividades productivas. Debemos reaccionar urgentemente, ya que está en juego la seguridad alimentaria de nuestra nación. Para hacer frente a este muro infranqueable, debemos actuar de forma prioritaria para garantizar la disponibilidad de energía para las empresas alimentarias y limitar su coste", afirma Dominique Chargé, presidente de La Coopération Agricole. "Si bien hemos construido nuestras cadenas de suministro sobre la base de un mundo estable y abundante, el paso a un mundo marcado por la inestabilidad y la probable escasez nos obliga a cambiar nuestro paradigma. En este sentido, La Coopération Agricole espera que, además de la futura ley de orientación agrícola, se pueda celebrar un pacto de soberanía entre los agentes del sector alimentario, los poderes públicos y los consumidores. El compromiso colectivo que supone la firma de este pacto permitirá mantener una cadena alimentaria francesa resistente, sostenible y duradera".
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