México es el séptimo mayor exportador agrícola del mundo, con unas exportaciones agroindustriales que se espera que alcancen los 46.000 millones de dólares este año, la cantidad más alta en 30 años. Hasta este año, todos los aguacates exportados de México a los Estados Unidos procedían de un único estado: Michoacán. No obstante, este verano, Jalisco se convirtió en el segundo proveedor de México para el lucrativo mercado estadounidense, aunque los pequeños productores del estado, enfrentados a las consecuencias –medioambientales y de otra índole– de incrementar la producción de aguacate, son mucho menos entusiastas.
Los agricultores y ecologistas de Jalisco alertan de que el "oro verde" de México tal vez no sea tan verde, al fin y al cabo, pues la producción de aguacate asfixia la biodiversidad, agota las reservas hídricas y ocupa tierras antes boscosas.
Jalisco ocupa el segundo puesto en la producción de aguacate en México, aunque muy por detrás de Michoacán en cuanto a rendimientos. No obstante, la producción está creciendo a mayor velocidad que en ningún otro lugar. Según datos del portal de información agrícola y pesquera del Gobierno, el cultivo de aguacate creció un 527% entre 2012 y 2021.
Los agricultores están experimentando los efectos de esta expansión de varias maneras. Según un estudio de Alberto Gómez Tagle, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, las fincas de aguacate necesitan entre cuatro y cinco veces más agua que una superficie equivalente de bosques de pino. Cuando los árboles de aguacate se riegan, al ser sus raíces relativamente horizontales, es menos probable que el agua se filtre en el subsuelo; en otras palabras, un aguacatero puede reponer solamente una fracción de la humedad del suelo en comparación con un pino.
Consecuencias ecológicas
"La agricultura ecológica está vinculada inextricablemente al derecho a una alimentación sana", afirma Jaime Morales, agroecologista y fundador de un centro de formación en agroecología en Jalisco. La expansión de la agricultura industrial –impulsada por el estado y por el dinero del contribuyente, afirma– y la amenaza a las pequeñas explotaciones familiares que la acompaña están poniendo en peligro este derecho en un país donde más del 55% de los hogares sufre de inseguridad alimentaria.
Fuente: worldcrunch.com