La iniciativa parlamentaria del PP y Vox para regularizar regadíos en la Corona Norte de Doñana, calificada por el propio ministro de Agricultura como “ilegal” e “irresponsable”, sigue estando en el ojo del huracán. Este mismo domingo, tuvo lugar en Sevilla una manifestación convocada por la Plataforma Salvemos Doñana, auspiciada por más de 40 colectivos, para pedir su retirada, la implementación del Plan de 2014 y otras alternativas de desarrollo para el espacio natural.
Como resume Efeagro, para comprender toda la controversia generada por esta problemática que tan solo afecta a un 4% de la producción de frutos rojos de la provincia de Huelva, hay que recordar que el germen del problema se remonta a la expansión no planificada de regadíos que se produjo en la zona a finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI.
El Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), un documento aprobado en 2004 y que recogía los suelos en función a sus distintos usos, recomendaba la redacción de un plan de ordenación de esos regadíos para controlar el recurso hídrico y proteger el espacio.
Diez años más tarde fue aprobado por el Gobierno andaluz el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana para una superficie de 64.457 hectáreas, de las que se consideraban inicialmente como regables unas 9.340 que cumplían los requisitos de ser terrenos agrícolas en regadío en 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD, y haber mantenido su actividad en los siguientes años.
En ese momento, algunos agricultores comenzaron ya a mostrar su rechazo por quedar sus regadíos fuera de esa ordenación y en 2012 crearon la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. En 2016 el PP presentó una primera proposición no de ley en el Parlamento autonómico para revisar el plan. Dichos agricultores, en su mayoría, han seguido regando este tiempo, afrontando sanciones y cierres de pozos de los que captaban agua ilegalmente.
En 2022, el PP, Cs y Vox presentaron una proposición de ley, si bien decayó con la convocatoria de las elecciones autonómicas y finalmente este 2023, ya con mayoría absoluta, el PP, junto con Vox, ha vuelto a presentar la iniciativa.
Entre los detractores están las organizaciones conservacionistas, pero también el Gobierno central, que ha reclamado en reiteradas ocasiones a la Junta de Andalucía su retirada; y el propio Ayuntamiento de Almonte y buena parte de sus agricultores, que la consideran “dañina” para los intereses del sector.
La iniciativa está en estos momentos paralizada hasta después de las elecciones del 28 de mayo, pese a que la Comisión Europea ha advertido de posibles sanciones de aprobarse al contravenir la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que condenaba a España a adoptar medidas frente a la sobreexplotación de los recursos hídricos del espacio natural.
Fuente: efeagro.com