La situación del sector tomatero en Extremadura ha llevado a las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga) a criticar los precios impuestos por la industria en 2025. Los agricultores consideran que el precio de 107 euros por tonelada es "ruinoso" y pone en peligro la viabilidad económica del sector en la región.
En una comparecencia conjunta, Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, y Herminio Íñiguez, presidente de Agryga, demandaron soluciones urgentes. Íñiguez destacó que "la situación del tomate en la región es insoportable" y advirtió sobre el riesgo de abandono del cultivo por parte de los agricultores, lo que afectaría la sostenibilidad del sector y el empleo rural.
Según Íñiguez, el coste de producción es de 128 euros por tonelada, mientras que el precio actual es de solo 107 euros, situando a los agricultores en pérdidas. El diferencial respecto al año anterior, cuando las industrias pagaban 130 euros y las cooperativas 150 euros por tonelada, implica una pérdida de 43 millones de euros para el sector.
Metidieri criticó la ineficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria, que debería garantizar precios justos. "La ley exige que las comunidades autónomas publiquen los costes de producción, aunque sea de manera orientativa", señaló. Exigió sanciones para las empresas que imponen precios por debajo de los costes.
La competencia internacional, especialmente la importación de tomate de China, agrava la crisis. Metidieri denunció que los tomates chinos entran al mercado europeo a precios bajos y que perjudican a los productores españoles. "No es justo que nuestros agricultores compitan en condiciones desiguales", afirmó.
Las organizaciones agrarias proponen medidas para garantizar la supervivencia del sector: fijar un precio mínimo que cubra los costes de producción, manteniendo los precios del año pasado; aplicar efectivamente la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar precios abusivos;
limitar la importación de tomate de terceros países para proteger el mercado interno; aprobar ayudas directas para los productores afectados.
Metidieri advirtió que, si no se actúa, la producción de tomate en Extremadura estará en peligro. Las organizaciones agrarias planean intensificar sus reivindicaciones y movilizaciones para exigir respuestas. "Seguiremos luchando hasta que se garantice un futuro digno para el campo", concluyó Metidieri.
La resolución de esta crisis dependerá de la voluntad política y de la capacidad del sector para unirse en defensa de sus intereses. La incertidumbre persiste para los agricultores tomateros extremeños, quienes esperan medidas concretas para frenar la debacle de su actividad.
Fuente: agronewscastillayleon.com