El empresario citrícola Javier Vargas, de 43 años, fue asesinado a balazos este jueves en el municipio de Álamo Temapache, en el estado mexicano de Veracruz, según confirmaron medios locales que citan fuentes de la Fiscalía estatal. El homicidio se produce apenas cuatro días después del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán, lo que ha despertado interrogantes sobre una posible conexión entre ambos crímenes.
De acuerdo con las primeras informaciones, Vargas fue atacado durante la madrugada por hombres armados en la colonia Jardín Nuevo. Aunque fue trasladado con vida al hospital general de Álamo Temapache, falleció mientras recibía atención médica. La zona del ataque fue acordonada y las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables, que se dieron a la fuga.
El asesinato de Bravo, ocurrido el lunes en Los Tepetates, Michoacán, reavivó el debate sobre la violencia que enfrentan los productores agrícolas en distintas regiones del país. El dirigente fue acribillado en una zona controlada por grupos criminales dedicados a la extorsión y al cobro de piso a agricultores de limón y aguacate.
Este jueves, las autoridades informaron la detención de la pareja de César Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", presunto líder del grupo delictivo Los Blancos de Troya, una de las organizaciones investigadas por su posible implicación en el homicidio de Bravo.
El caso de Vargas no es un hecho aislado en Álamo Temapache. En julio, el secuestro y asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández conmocionó a la comunidad tras la difusión de un video en el que la víctima, arrodillada y rodeada por hombres armados, advertía a otros conductores que pagaran sus cuotas.
El clima de violencia se refleja en los últimos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según el informe, siete de cada diez veracruzanos consideran que viven en un estado inseguro, un aumento notable respecto al 53% registrado en junio.
Fuente: elpais.com
