La asesoría legal que tendría Costa Rica para la defensa por el conflicto del aguacate con México le costaría al Estado aproximadamente ¢72 millones.
Así lo indicó el ministro a.i. de Comercio Exterior, Jhon Fonseca, quien manifestó que la estimación obedece a las negociaciones que surgieron para buscar los mecanismos de defensa.
Se trata del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial para el Comercio (OMC), para conducir y representarle en el proceso abierto por México sobre las medidas fitosanitarias en la importación del producto.
El Centro es una organización con sede en Ginebra y se dedica a la asesoría y representación jurídica sin fines de lucro, países en desarrollo y menos adelantados que buscan apoyo en asuntos de la OMC.
México decidió acudir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para pedir explicaciones sobre el porqué Costa Rica bloqueó la importación de aguacate mexicano desde 2015.
Las autoridades del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) tomaron la decisión en mayo de ese año, luego de considerar que la mancha de sol, un tipo de plaga del producto, podría perjudicar la producción nacional si ingresaba a territorio costarricense.
Fonseca manifestó que el costo podría depender de las reuniones y la extensión del caso, si se llegara a un arbitraje.
Además, agregó que, en los próximos días, se estaría formalizando esa parte legal.
“El centro de Asesoría Legal va a depender mucho de cuántas visitas se tendrían que hacer, entonces eso implicaría boletos, viáticos y otras cosas.
Pero, por el momento, pareciera, y este es un dato que no es oficial, pareciera que rondará los 120 mil euros (¢72 millones) los servicios de centro de asesoría”, señaló.
Con respecto al costo total, el Ministro a.i manifestó que se deben analizar las variables y el tiempo de extensión, lo cual aún no tienen presupuestado.
Fonseca aseguró que el costo sería asumido por el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Agricultura.
El proceso de consulta se daría el 7 de abril, aunque las autoridades costarricenses están analizando la posibilidad de extender el plazo.
Fuente: laprensalibre.cr
