La Comisión Europea publicó ayer los resultados de la evaluación de las normas de la UE sobre ayudas estatales a la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales. La evaluación concluye que, en general, las normas vigentes funcionan bien, son adecuadas para su propósito y satisfacen las necesidades de los sectores interesados. Sin embargo, pueden ser necesarios algunos ajustes específicos para alinear las normas actuales con las prioridades actuales de la UE, en particular la futura Política Agrícola Común (PAC) y el Pacto Verde Europeo.
El estudio reveló que las normas “necesitan ciertas revisiones específicas, incluidas aclaraciones de algunos conceptos, una mayor racionalización y simplificación, así como ajustes para reflejar las prioridades actuales de la Unión Europea”. En ese sentido, la evaluación mostró que algunas reglas se han quedado anticuadas. Como ejemplo, el Ejecutivo comunitario señaló que con respecto a la ayuda en sectores sujetos a límites de producción, tales limitaciones quedaron establecidas en una legislación anterior de la PAC que ya no está en vigor.
Por otro lado, “ciertas definiciones y términos” en las reglas dan lugar a solicitudes “recurrentes” sobre su interpretación, como en el caso de la definición de los animales protegidos que causan daños por los que los agricultores pueden ser compensados. Por tanto, la Comisión considera que deberían clarificarse.
Igualmente, algunos requisitos de las normas actuales, sobre todo, los relacionados con las ayudas a los servicios subvencionados, como las acciones de información, “parecen demasiado complejos”, según el Ejecutivo comunitario.
Bruselas insistió en que las reglas también deberán alinearse con sus nuevas prioridades, en particular, con el Pacto Verde Europeo, la PAC y los planes estratégicos nacionales sobre la PAC o la estrategia “De la Granja a la Mesa”, que pretende impulsar una producción agroalimentaria y un consumo más sostenibles.
La CE tendrá en cuenta los resultados del análisis al revisar las reglas y, en ese contexto, examinará la posibilidad de ampliar a más supuestos las ayudas que los Estados miembros pueden implementar de manera directa sin necesidad de consultar y recibir la aprobación de la Comisión.
Del mismo modo, reflexionará sobre posibles cambios con vistas a mejorar los incentivos para que los agricultores y los silvicultores participen en actividades que favorezcan la biodiversidad y la protección del clima.
El objetivo de Bruselas es que las nuevas normas estén en vigor para el 31 de diciembre de 2022, cuando expiran las reglas actuales.
Fuente: efeagro.com
