La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) revisar las acciones emprendidas ante tres denuncias que presentó la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) entre el 2018 y 2019 ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Se trata de dos denuncias administrativas que presentó la Cámara por aparentes anomalías en la operación de una agencia de certificación en agricultura orgánica y otra denuncia en contra de dos empresas acreditadas por el Estado como operadoras orgánicas. Todas se encuentran relacionadas con la producción, fiscalización, comercialización y exportación de piña orgánica en casos puntuales en la zona de San Carlos.
El MAG indicó a la Defensoría que los casos fueron investigados y que su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico que motivó el cierre de esos casos; sin embargo, la Defensoría insiste en la necesidad de que se reconsidere lo actuado y se proceda a valorar la recomendación emitida por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público en 2018 en el expediente 20.702.
En este expediente se recomienda al ministro del MAG evaluar de oficio la legalidad de las resoluciones y actuaciones que han sido cuestionadas como de dudosa validez, para, si resulta procedente, iniciar las acciones correctivas en aras de enderezar todos los procedimientos que resulten afectados por esos vicios detectados, y asiente además las responsabilidades disciplinarias que en cada caso correspondan.
Uno de los denunciantes
Néstor Andrés Ramírez Acuña, productor de piña orgánica asociado a Canagro, denunció en junio del 2019 ante el SFE un aparente fraude en exportaciones de piña orgánica en contra de la empresa Congelados y Jugos del Valle Verde S.A.
Ramírez comentó a Universidad que esta empresa producía y cosechaba piña convencional en una finca ubicada en Bella Vista de Cutris de San Carlos; sin embargo, esta llegaba a Estados Unidos como orgánica. “Me encontré en esa finca sacos de fertilizantes, galones de insecticida, lo que se utiliza en manejo de piña convencional. Eso era una evolución de fraude. Se aplicaba en la piña fertilizantes prohibidos para agricultura orgánica y la vendían como orgánica al mercado norteamericano”, señaló Ramírez.
“La denuncia se presentó en junio del 2019 y para mi sorpresa en octubre salió la resolución de l director del SFE diciendo que no era nada nuevo que investigar y que con los fondos públicos no se podían hacer investigaciones de denuncias que no están comprobadas. Yo le envié fotos de las pichingas, de los galones, sacos y simplemente dijo que no se investigaba nada y se daba por cerrado el caso”, agregó.
Ramírez señaló que esta situación hizo que los productores de piña orgánica tuvieran una baja en las ventas. En su caso, tras la baja en las ventas, no pudo hacerle frente a las deudas con el Banco Nacional, el cual le embargó su finca.
Fuente: semanariouniversidad.com
