En 2023, Málaga experimentó su año más seco desde que se tienen registros desde 1961; y mientras la Junta de Andalucía, dada la situación, ha promulgado su cuarto decreto de sequía y planea implementar desaladoras portátiles y contratar grandes barcos cisterna, la provincia se enfrenta a una importante operación policial contra el uso masivo e ilegal de agua, que se ha saldado con la detención de 26 personas y otras 44 investigadas por riego irregular de subtropicales en la comarca de la Axarquía.
La investigación se inició hace cuatro años cuando se recibió una denuncia ante el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga por el uso fraudulento del agua para el riego en la Comarca de la Axarquía por parte de agricultores de subtropicales que podrían estar provocando un daño importante de las reservas hidráulicas.
Los investigadores inspeccionaron un total de 3.453.008 m² de cultivo de subtropicales donde se pudo comprobar cómo se realizaba la extracción continuada, durante varios años, de aguas subterráneas públicas en la masa de agua denominada Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara a través de 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos, balsas, etc.
Según informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, que ha colaborado con la investigación, más de 250 de los 299 aprovechamientos inspeccionados eran ilegales, todo ello a pesar de la grave situación hídrica existente en la zona.
A tenor de la información facilitada por la Junta de Andalucía, se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 m³ aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240.242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico que se estiman en unos 10.000.000 euros aproximadamente.
El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez, ha sugerido en entrevista con El País que quienes se han beneficiado del uso ilegal de agua para el riego de subtropicales sin autorización y en esas cantidades desproporcionada podrían haber cometido un delito medioambiental, “como ha ocurrido en Doñana, aunque aquí no tengamos la figura de protección de parque nacional”.
Los distintos gobiernos locales, provinciales o regionales tampoco han hecho sus deberes: un estudio realizado a finales de 2022 indicaba que los municipios malagueños pierden 7.000 millones de litros al año debido al mal estado de las tuberías, recuerda Benítez.
Fuente: elpais.com