La Junta de Andalucía publicó el viernes pasado un decreto ley con un polémico artículo para amnistiar a los agricultores infractores con frutos rojos en suelo forestal junto a la reserva y otros cultivos en diferentes zonas de la región. Lo hizo por sorpresa y menos de tres meses después de haber firmado un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica que traerá al entorno de Doñana una lluvia de 350 millones a través de un plan social para revitalizar la zona y minimizar el impacto ecológico sobre el acuífero sobreexplotado.
Ante el cambio legislativo andaluz, el Gobierno dejó este lunes en suspenso dicho plan hasta que a última hora de la tarde se recondujo la situación y el presidente, Juan Manuel Moreno, dio un paso atrás.
"Desde el Gobierno andaluz no queremos guerra de ningún tipo y estamos dispuestos a sentarnos con ellos [Ministerio], que nos digan lo que no les gusta y a modificarlo", ha dicho este martes Moreno, que ha quitado hierro a su amnistía. "No pasa absolutamente nada, el Ministerio ha interpretado que había alguna causa que podía revertir la situación de los suelos. Nosotros no estamos de acuerdo, pero en cualquier caso, como el interés general prima, no vamos a tardar ni 10 minutos en ponernos de acuerdo", ha añadido el presidente andaluz.
Este martes, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo tras el Consejo de Ministros: "Espero que esto se resuelva cuanto antes y posiblemente requiera una disposición específica porque ya fue publicado en el Boletín Oficial (…) Moreno me trasladó su disponibilidad para corregir las disposiciones que puedan afectar a ese decreto ley y es imprescindible para poder seguir adelante".
Después de una larga jornada en la que el pacto de Doñana estuvo a punto de saltar por los aires, y tras llamativos cambios de postura por parte de la Junta, esta ha insistido este martes en resaltar que "no hay puerta de atrás". Es decir, que el polémico artículo no se aprobó y publicó en el Boletín Oficial con ánimo de ocultárselo al ministerio.
El cambio legal aprobado por la Junta y ahora en el aire buscaba avalar que desde ahora los agricultores sancionados los últimos 30 años por haber puesto cultivos –de regadío o de secano– donde había bosques de pinos, chopos o eucaliptos – especies de ciclo corto– sean eximidos de dichas multas administrativas. Es decir, que si la ley forestal andaluza prohibía desde 1992 a un agricultor plantar fresas donde antes había plantado árboles, para así favorecer la regeneración de los montes andaluces, ahora se elimina esa prohibición.
Fuente: elpais.com