"Va a haber dinero. Debemos aprovecharlo", dijo –tajante– Fernando Miranda, director de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura (MAPAMA), durante la clausura de las Jornadas sobre 'Ciencia, Empresa y Revolución Tecnológica' organizadas por Biovegen durante la reciente edición de Fruit Attraction. En parecidos términos, distanciándose de la era marcada por los recortes, se pronunció María Ángeles Ferre, máxima responsable del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MEIC) para el Programa 'Retos-Colaboración', que en su inminente convocatoria 2017 destinará buena parte de sus 400 millones de euros de presupuesto a proyectos vinculados con la agrobioeconomía. "Somos buenos haciendo innovación con euros pero regulares haciendo euros con innovación ", concluyó en tono más crítico Miranda en alusión a los problemas que persisten en la transferencia de tecnología a la agricultura española.
Mesa de inauguración de la jornada. De izda. a dcha., Manuel Láinez, director del INIA, José Pellicer, presidente de Biovegen y Antonio Leyva, secretario ejecutivo.
Como se destacó desde Biovegen –la plataforma tecnológica dedicada a conectar ciencia y empresa– no es el plan del MEIC precisamente el único volcado sobre la financiación de proyectos público-privados de este tipo: desde el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) se concedieron en 2016, 110 millones en créditos bonificados con porcentajes de ayuda a proyectos agroalimentarios y acaban de ponerse en marcha los grupos operativos del MAPAMA, que supondrán otros 47 millones en ayudas de aquí a 2020, con posibilidad de ampliación. Además, está en su fase álgida de desarrollo el macroprograma europeo 'Horizonte 2020', que está permitiendo que multitud de pymes españolas opten a la líneas dedicada a impulsar la bioeconomía, (con hasta 3.851 millones) o a la bioindustria –revalorización de residuos alimentarios y biomasa– (con otros mil millones). Más allá de 2020, las negociaciones de la futura PAC van encaminadas, de hecho, a duplicar la actual dotación comunitaria para la I+D agroalimentaria.
Más de 200 investigadores y empresarios agrarios abarrotaron la sala del Fruit Fórum.
La jornada, que inauguró el director del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), Manuel Láinez y a la que asistieron más de 200 investigadores y empresarios agrarios, sirvió también para que el director de Biovegen, Gonzaga Ruiz de Gauna, esbozara públicamente el borrador del documento 'Análisis Sector Agroalimentario y propuestas de mejora en I+D+i' realizado por esta entidad. Los expertos que participaron en la misma, como el prestigioso profesor de Investigación del IBMCP-CSIC y ex presidente de la EPSO (European Plant Science Organisation), José Pío Beltrán, coincidieron en su diagnóstico fundamental: España es una gran potencia agraria, tiene una producción científica importante y de calidad, una imponente red de organismos públicos punteros (20 centros agrarios adscritos al CSIC, 17 regionales coordinados por el INIA, 37 universidades con actividad en biotecnología así como otros 32 parques tecnológicos) pero una estructura empresarial agroalimentaria atomizada, alejada del mundo de la ciencia y que no valora la innovación como factor de competitividad. "Créanme cuando les digo que existen infinidad de investigadores con líneas de trabajo ya adaptadas a las necesidades de la empresa, con programas de ingeniería genética que pueden resolver los retos que debe afrontar el sector alimentario, que inevitablemente pasan por aumentar la producción, reducir el desperdicio y hacerlo con menos consumo de energía y agua para ser sostenibles", explicó Pío Beltrán. Y para acercar la posición de los unos a los otros, el científico coincidió otra vez con el análisis de Biovegen al criticar la falta de cualificación del personal de algunas oficinas de transferencia de tecnología autonómicas y reivindicar mayor estabilidad laboral para los 'tecnólogos' con habilidades para evaluar las necesidades de cada empresa.
Mesa redonda de clausura. De izda. a dcha., César Amurín (CEOE), Antonio Leyva (Biovegen), María Ángeles Ferre (MEIC), José Pío Beltrán (IBMCP-CSIC), Fernando Miranda (MAPAMA) y Marta Tortajada (Biópolis).
También generó un importante grado de consenso –reafirmando lo dicho en el documento de Biovegen– lo avanzado por el jefe de asuntos de Innovación de la CEOE, César Maurín, quien reivindicó un cambio de paradigma en los incentivos a la I+D agraria: "Uno de los problemas de estos programas es que no se ejecutan buena parte de los presupuestos. Los planes basados en los créditos parcialmente reembolsables no han sido interesantes en muchos casos y convendría dar más peso a la subvención y menos a los préstamos". Diagnóstico en el que coincidió especialmente también con Marta Tortajada, ejecutiva de Biópolis, una compañía biotecnológica valenciana cuyas patentes desarrolladas (por ejemplo en alimentos probióticos) de la mano de empresas han llamado la atención del gigante norteamericana Archer Daniels Midland, que ha adquirido en 2017 un porcentaje mayoritario de la sociedad. María Ángeles Ferre (MEIC), sin embargo, disintió de este análisis y destacó que, en el programa 'Retos-Colaboración 2017' "el porcentaje de empresas agroalimentarias que se acogen a nuestros créditos es superior al de otros sectores estratégicos, como energía y transporte".
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