La investigación genética vegetal sigue siendo el pilar fundamental para el desarrollo de nuevas variedades que respondan a las exigencias del mercado y a los retos del cambio climático. La resistencia a enfermedades, la adaptación a condiciones agroclimáticas cambiantes, el rendimiento productivo y las cualidades organolépticas son algunos de los criterios clave en la selección varietal. Este proceso de mejora, lejos de ser inmediato, suele extenderse durante más de una década y requiere una inversión significativa en términos técnicos, financieros y humanos. Según la especie y las tecnologías de selección utilizadas, el coste total para desarrollar una nueva variedad puede oscilar entre varios cientos de miles de euros hasta superar el millón.
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Para proteger estas inversiones, los obtentores se acogen a los derechos de obtención vegetal —un título jurídico concedido por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (CPVO), en Europa, o, en su caso, por autoridades nacionales—. Estos derechos otorgan a sus titulares el uso exclusivo para reproducir, comercializar y explotar variedades protegidas durante un periodo de entre 25 y 30 años dentro de un territorio definido. Esta protección legal constituye un pilar esencial para la sostenibilidad de la investigación varietal y respalda el desarrollo estructural de todo el ecosistema agroindustrial.
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En este contexto, SICASOV —sociedad cooperativa especializada en la gestión colectiva de derechos de los obtentores— desempeña un papel clave al encargarse de la recaudación de regalías, el seguimiento del mercado y la defensa jurídica de los derechos exclusivos. Cuando se detectan plantaciones no declaradas o propagaciones ilícitas de variedades protegidas, la organización suele apostar primero por el diálogo con el objetivo de regularizar la situación. Un ejemplo ilustrativo se produjo en 2024, cuando se alcanzaron acuerdos amistosos con un grupo de productores frutícolas en Apulia y Basilicata (Italia), quienes cultivaban sin autorización variedades protegidas.
En los casos más graves, se inicia la vía judicial. Un caso reciente involucró a un viverista de Calabria acusado de falsificar variedades protegidas de melocotonero. En colaboración con la Guardia di Finanza, se reunieron pruebas que permitieron elevar el caso ante el Tribunal de Catania.
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Mediante la sentencia n.º 91/2025, publicada el 4 de enero de 2025, el tribunal dio la razón a la empresa International Plant Selection SARL (IPS), titular de los derechos de obtentor otorgados por la CPVO. Se determinó que la sociedad demandada, A.D.L. Società Cooperativa A R.L., había propagado y mantenido cientos de plantas de variedades protegidas sin contar con la debida autorización. El tribunal concluyó que esta conducta violaba lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento CE n.º 2100/94, el artículo 107 del Código Procesal Penal italiano, y que constituía además un acto de competencia desleal conforme al artículo 2598 del Código Civil italiano.
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La sentencia ordenó la destrucción y retirada de todas las plantas propagadas ilegalmente, prohibió su reproducción y comercialización futuras, e impuso sanciones por incumplimiento. Además, el tribunal exigió la publicación del fallo y condenó al demandado al pago de indemnizaciones, costas judiciales y honorarios de consultoría técnica.
Este caso subraya la importancia de los derechos de obtención vegetal como herramienta de protección del trabajo de los fitomejoradores, así como la necesidad de mecanismos eficaces de aplicación que garanticen el cumplimiento legal en todos los eslabones de la cadena hortofrutícola, desde la semilla hasta el consumidor.
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