La industria bananera costarricense ha dado a conocer nuevas cifras y resultados técnicos que respaldan sus políticas de sostenibilidad social y ambiental, en un contexto regional donde la producción agrícola enfrenta crecientes exigencias regulatorias y ambientales.
De acuerdo con datos publicados por la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la actividad bananera en Costa Rica genera más de 42.200 empleos directos y cerca de 100.000 empleos indirectos, convirtiéndose en un eje económico clave en la región Caribe del país. El sector mantiene estándares laborales regulados, incluyendo salario mínimo agrícola, acceso a seguro médico, programas de vivienda y apoyo educativo para los hijos de los trabajadores.
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En respuesta a cuestionamientos sobre el uso de agroquímicos en la producción bananera, Corbana presentó los resultados de un estudio realizado con respaldo de un laboratorio independiente. La investigación analizó muestras de fruta en distintas etapas del proceso productivo y concluyó con resultados "no detectables" (ND) en 54 moléculas de plaguicidas evaluadas. Hasta la fecha, no se han registrado rechazos en mercados internacionales por residuos químicos en banano costarricense.
Asimismo, se recuerda que la legislación costarricense prohíbe la presencia de trabajadores en las fincas durante aplicaciones aéreas, y regula estrictamente las distancias y condiciones de fumigación en áreas cercanas a comunidades.
Corbana también informó que la totalidad de las fincas exportadoras cuentan con certificaciones internacionales como Rainforest Alliance y GlobalGAP, que implican auditorías externas periódicas bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y de inocuidad alimentaria.
Entre las medidas ambientales destacadas, se incluye el reciclaje del 100% del plástico agrícola, la implementación de sistemas para reducir el consumo de agua en plantas empacadoras, y la incorporación de tecnologías enfocadas en la conservación de biodiversidad y el control biológico de plagas.
El enfoque del sector se apoya en una articulación público-privada que impulsa la investigación científica aplicada a la producción agrícola, con el objetivo de optimizar el manejo de suelos, la fertilización responsable y la trazabilidad del cultivo.
Corbana reiteró que el sector mantiene disposición a colaborar con mercados internacionales, organismos técnicos y entes reguladores, mediante el suministro de información verificable sobre sus procesos y estándares de producción.
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