Agricultores y transportistas de varias organizaciones del país lanzaron esta semana una huelga de facto mediante bloqueos masivos en carreteras de México, una protesta en demanda de precios justos por sus cosechas, seguridad en las vías y cambios en la legislación del agua.
Desde el 24 de noviembre de 2025, las manifestaciones paralizan carreteras estratégicas como la México-Toluca, el Arco Norte, y otras vías federales, bloqueando el tránsito de camiones de carga, autobuses y vehículos particulares. Los organizadores —entre ellos Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)— explicaron que sus protestas no persiguen fines políticos, sino que reclaman condiciones mínimas para poder trabajar sin riesgo de extorsión, secuestro o asesinato.
Según datos oficiales, aunque existen alrededor de 5.000 productores agrícolas en el país, solo entre 1.000 y 1.500 participan en las protestas junto a transportistas.
Las demandas incluyen la revisión de la Ley de Aguas Nacionales —a la que atribuyen restricciones al acceso al riego necesario para sus cultivos—, y un precio mínimo que cubra sus costos de producción más un margen de ganancia, especialmente para productos como el maíz.
Ante la magnitud de los bloqueos, el Gobierno instaló el 25 de noviembre una mesa de diálogo con representantes del campo y de los transportistas. En ella, los productores reiteraron sus exigencias de precios más altos, garantías de seguridad y cambios legales.
Sin embargo, tras más de cuatro horas de conversación, los campesinos abandonaron la reunión al considerar que no había "sensibilidad real" hacia sus demandas. La Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió que los bloqueos en carreteras federales constituyen delitos, y algunas autoridades sugirieron motivaciones políticas detrás de las protestas; una acusación rechazada por los líderes campesinos.
El conflicto que hoy se expresa con bloqueos y mesas fallidas revela problemas estructurales profundos en el campo mexicano: la inseguridad en las carreteras, desgaste por costos crecientes de insumos y transporte, una estructura de comercio que no remunera adecuadamente al productor, y una legislación (como la Ley de Aguas) percibida como restrictiva en su acceso al agua.
Tras la ruptura del diálogo, el sector advierte que mantendrá las movilizaciones hasta obtener una respuesta concreta. Con carreteras bloqueadas y sin avances políticos a la vista, muchos productores y transportistas temen que la protesta derive en una crisis prolongada para el agro nacional.
Fuente: El País
