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Canarias intensifica controles para frenar el transporte ilegal de aguacates

Las autoridades canarias han reforzado los controles en puertos y aeropuertos ante el aumento del transporte ilegal de aguacates procedentes de la Península, una práctica prohibida que puede acarrear sanciones de hasta 120.000 euros. La normativa prohíbe introducir esta fruta con fines comerciales en el Archipiélago.

Aunque la ley no es reciente, ya que Canarias cuenta con una legislación propia desde hace casi 40 años, su objetivo sigue siendo el mismo: proteger la producción local y prevenir la entrada de plagas o enfermedades que puedan afectar a la agricultura autóctona. En el caso del aguacate, esta regulación mantiene el mercado prácticamente exclusivo para el producto local.

Los intentos de introducir aguacates de manera ilegal se han multiplicado en los últimos meses, detectándose desde equipajes personales hasta maletas de viaje, con la intención de venderlos clandestinamente. La diferencia de precios entre la Península y las Islas hace que el negocio sea especialmente atractivo: mientras que en mercados peninsulares el kilo se encuentra alrededor de los 5 euros, en Canarias puede llegar hasta los 15 euros.

El Gobierno de Canarias defiende la normativa como un mecanismo necesario para proteger la producción local y la calidad de su producto más apreciado, la denominación de origen "aguacate canario". Según los agricultores, el precio mínimo para cubrir costes de producción es de 5 euros por kilo, aunque el valor final en el mercado suele ser más alto. Los picos de precios se producen principalmente cuando no hay excedentes, y el sector respalda la prohibición de entrada de aguacates foráneos.

Con el objetivo de frenar el comercio ilegal y proteger a uno de los sectores primarios más sensibles del Archipiélago, la administración regional ha intensificado la vigilancia en los principales puntos de entrada. La advertencia es clara: transportar aguacates de manera ilegal no solo infringe la normativa sanitaria, sino que también puede suponer sanciones de hasta 120.000 euros.

Fuente: diariodeavisos.elespanol.com

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