Los países del Mercosur han reaccionado con rechazo a las últimas modificaciones introducidas por la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo en el proceso de ratificación del acuerdo comercial bilateral. En un posicionamiento conjunto difundido en diciembre, los ministros de Asuntos Exteriores de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil advirtieron que "la adopción de cualquier reglamento sobre salvaguardas por las partes debe estar en plena conformidad con lo pactado en el acuerdo, así como con las normas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC)". Consideran que las nuevas exigencias no forman parte del texto ya negociado y suponen una imposición adicional de la Unión Europea.
Las críticas se producen después de que INTA aprobara una enmienda destinada a elevar las condiciones de acceso al mercado comunitario para los productos agrícolas del bloque sudamericano. La propuesta establece que toda importación de origen agrícola deberá ajustarse a los mismos criterios de producción que se exigen dentro de la UE, una medida que busca reducir la brecha regulatoria entre ambos lados. La preocupación por la competencia en desigualdad de condiciones ha sido especialmente señalada por los agricultores europeos, que temen verse desplazados por productos más baratos y sometidos a controles menos estrictos.
Otro cambio introducido por la comisión afecta directamente al sector citrícola. Los eurodiputados han decidido incluir estas frutas entre los productos considerados sensibles, una clasificación que activa herramientas de reacción rápida ante variaciones bruscas de precio. Cuando las oscilaciones superen el 10%, el plazo para actuar se reducirá de 21 a 14 días.
Junto a estas disposiciones, la revisión del acuerdo contempla una batería más amplia de medidas orientadas a reforzar la cooperación comercial. Entre ellas, un marco más preciso para las pymes, procedimientos aduaneros simplificados, mayor protección para las indicaciones geográficas y los derechos de propiedad intelectual, además de una colaboración regulatoria más estrecha en ámbitos estratégicos como el químico y el farmacéutico, con el objetivo de garantizar que los productos que ingresen en la UE cumplan las normas vigentes.
Tras el aval de INTA, será el pleno del Parlamento Europeo el que determine la aprobación final del texto. La votación está prevista para la segunda mitad de diciembre, en torno al día 20.
Fuente: eldebate.com
