Costa Rica: Lucha de $1 mil millones por puerto Moín
En marzo pasado, los bananeros, preocupados por el hecho de que el plan incremente los costos de exportación de sus productos por un monto anual multimillonario, iniciaron una demanda para impedir al Estado seguir adelante con el proyecto.
Por su parte, el gobierno dice que al objetar la concesión de las nuevas instalaciones portuarias del Caribe a APM, los bananeros se oponen al desarrollo de un puerto moderno y eficiente, así como al bienestar nacional.
En parte, se trata del hecho de que el puerto de Moín, solo puede recibir barcos pequeños, lo cual a mediano y largo plazo implica un alto costo de carga y descarga.
Por cierto, los puertos costarricenses están entre los peores del mundo, en la posición 132 de un total de 139 países evaluados en el Reporte de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, del año pasado.
Tampoco es posible, por las condiciones físicas que prevalecen, dragar esta zona del mar, para permitir el atraque de las navieras más grandes.
El gobierno desde la administración anterior ha insistido en la importancia de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por esa razón, así como por tener una visión más amplia del proyecto.
La TCM, desde la perspectiva del ministro de Transportes, Francisco Jiménez, ayudará a revitalizar Limón, mediante la creación de puestos de trabajo para mano de obra calificada, así como el desarrollo de una zona industrial adyacente al puerto, que atraería inversión extranjera progresiva.
Por su parte, algunos bananeros mantienen fuerte oposición al proyecto, por razones sumamente prácticas.
No tienen nada contra el concepto de la concesión, tampoco problema alguno con la esperanza de que la ciudad de Limón sea beneficiada.
Por otro lado, la entrada en operación de la TCM representaría una pérdida anual millonaria, en comparación con las operaciones actuales.
Por eso, la Cámara Nacional de Bananeros, representada por el abogado Randall Quirós, predecesor de Jiménez en el Ministerio de Transportes, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo, anular la concesión a APM, alegando que carece de estudios de factibilidad financiera y ambiental.
Las pérdidas anuales colectivas de las bananeras serían entre $2,8 millones y $9,6 millones, según el análisis de LA REPUBLICA, con base en los datos de Japdeva, que administra el puerto, y de la Cámara de Bananeros, así como de otros expertos ligados al asunto, que prefieren no divulgar su identidad.
Fuente: Larepublica
