La propuesta de directiva sobre “vigilancia del suelo”, presentada el 5 de julio y que tiene como objetivo mejorar las condiciones del terreno en la UE, no impone ninguna obligación directa a los propietarios y gestores de la tierra, incluidos los agricultores. Según la Comisión Europea, serán los Estados miembros los que han de definir las medidas de gestión sostenible y de regeneración del suelo.
Según las notas informativas y fichas explicativas publicadas por la Comisión Europea y consultadas por FEPEX, la propuesta de directiva indica determinados principios que han de ser respetados por cada Estado miembro a la hora de definir las medidas que van a adoptar para mejorar la calidad del suelo, sin determinar prácticas de gestión específicas que deban ser aplicadas o prohibidas. Estas deberán ser adaptadas a nivel nacional por cada Estado miembro, teniendo en consideración las condiciones específicas locales, climatológicas y socioeconómicas, así como los usos de la tierra y tipos de suelo, y también los conocimientos existentes sobre las mejores soluciones para su territorio y sus habitantes,
La propuesta incluye además la obligación de establecer esas medidas en sinergia con los planes, programas y objetivos existentes, necesarios en virtud de otra legislación de la UE. Por lo tanto, los Estados miembros podrán optar por incluir las prácticas seleccionadas dentro de los mecanismos de apoyo nacionales y europeos, como las medidas voluntarias de la política agrícola común. Los agricultores podrán decidir si participan o no en dichos programas de apoyo.
Explica la Comisión que se les facilitarán datos y conocimientos sobre el estado de su suelo, para que puedan adoptar medidas con conocimiento de causa para mejorar la salud de su suelo. La propuesta incluye varios elementos a través de los cuales los Estados miembros pueden ayudar a los agricultores a descubrir las prácticas más adecuadas para sus circunstancias específicas. Entre ellos cabe destacar la identificación de prácticas de gestión sostenible, el acceso a instrumentos financieros en apoyo de la gestión sostenible del suelo y un acceso sencillo al asesoramiento, las actividades de formación y la creación de capacidades. La opción voluntaria de que los agricultores obtengan un certificado de salud de su suelo, a través de un sistema de certificación que se desarrollará en sinergia con el certificado de eliminación de CO₂, también aportará beneficios y nuevas oportunidades.
La propuesta legislativa tiene como objetivo final lograr unos suelos de la UE sanos de aquí a 2050, ya que entre el 60 y el 70% de los suelos se encuentran actualmente en mal estado.
Tras su presentación por parte de la Comisión Europea, la propuesta de directiva será debatida ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, por tanto, tendrá una tramitación larga.
Fuente: fepex.es
