El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur afronta un nuevo freno tras la decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre su legalidad. La iniciativa, aprobada por un estrecho margen, introduce un retraso significativo en el proceso de ratificación y abre la puerta a que el pacto pueda quedar bloqueado durante más de un año.
La votación, celebrada hoy en Estrasburgo, evidencia la división interna de la Eurocámara: 334 eurodiputados han respaldado la remisión al Alto Tribunal, frente a 324 que se han opuesto y 11 abstenciones. El acuerdo, firmado el pasado 17 de enero y destinado a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores, ya contaba con una fuerte contestación política y social en varios Estados miembros. Ayer, en vísperas de la votación, miles de agricultores se manifestaron en Estrasburgo y protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Parlamento Europeo.
El Tribunal de Justicia de la UE deberá pronunciarse ahora sobre si el procedimiento seguido para tramitar el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios. Los eurodiputados que impulsaron la remisión cuestionan la decisión de la Comisión Europea de separar la parte comercial del resto del acuerdo, de modo que su aprobación quedara en manos exclusivas del Consejo y del Parlamento Europeo, sin pasar por los parlamentos nacionales. A su juicio, esta estrategia podría vulnerar el marco jurídico de la Unión.
La resolución aprobada también pone en duda la legalidad del denominado mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo, que permitiría a los países del Mercosur adoptar medidas compensatorias si futuras normativas europeas reducen sus exportaciones al mercado comunitario.
Como consecuencia directa de la remisión al Tribunal, el procedimiento de aprobación en el Parlamento Europeo queda suspendido. La votación final, prevista inicialmente para los próximos meses, no podrá celebrarse hasta que el Alto Tribunal emita su sentencia, un proceso que podría prolongarse más de un año y mantener el acuerdo en punto muerto.
Pese a ello, la Comisión Europea conserva la posibilidad de avanzar con la aplicación provisional del acuerdo mientras se resuelve el recurso, una opción técnicamente viable pero políticamente sensible. De hecho, esta vía podría tensar las relaciones entre las instituciones comunitarias, especialmente después de que la propia Comisión se comprometiera ante varios eurodiputados a no recurrir a este mecanismo durante el examen judicial.
Con el proceso ahora en manos del Tribunal de Justicia, el futuro del acuerdo UE-Mercosur queda marcado por la incertidumbre, en un contexto de fuerte contestación social y de creciente tensión política sobre el rumbo de la política comercial europea.
Fuente: euronews.com
