La activación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha provocado una oleada de rechazo por parte del sector agrario español. Diversas organizaciones —Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), AVA-ASAJA y LA UNIÓ Llauradora i Ramadera— coinciden en que la medida es precipitada, perjudica la competitividad del sector y pone en riesgo la seguridad alimentaria europea.
Unión de Uniones ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comisión, calificando la aplicación provisional de "lesiva" para agricultores y ganaderos europeos, que deberán competir con productos que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales. La organización critica la supuesta cláusula de salvaguarda agraria anunciada por la Comisión, al considerar que no ofrece protección real ni automática y depende de decisiones discrecionales que, según la entidad, ya se han demostrado problemáticas.
En términos institucionales, Unión de Uniones denuncia que la Comisión reduce el margen de control del Parlamento Europeo y fuerza procedimientos, vaciando de contenido el debate democrático.
COAG ha calificado de "grave irresponsabilidad" la aplicación provisional, respaldándose en el informe DG(SANTE) 2025-0241, elaborado por la Dirección General de Sanidad de la Comisión Europea. El documento revela fallos estructurales en el sistema brasileño de control de residuos hormonales en carne bovina destinada a la UE, incluyendo el riesgo de que animales tratados con estradiol —hormona prohibida en Europa desde 2003— puedan ser exportados con todos los certificados en regla.
La organización advierte que la entrada de hasta 99.000 toneladas anuales de carne con aranceles reducidos aumenta la presión sobre los productores europeos, sometidos a normas más estrictas y a costes de producción superiores. COAG reclama al Parlamento y al Consejo de la UE que rechacen la medida, publiquen los informes de auditoría completos y cuantifiquen el perjuicio económico causado al sector.
AVA-ASAJA denuncia que la decisión constituye "una auténtica traición al sector agrario europeo", especialmente tras la publicación del informe DG(SANTE) CT-2025-0241 sobre Brasil, que concluye que las medidas adoptadas no son suficientes para garantizar la exclusión de carne de bovinos tratados con estradiol 17β.
La organización insiste en que no se opone al comercio internacional, pero rechaza acuerdos que no aseguran reciprocidad en normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal. AVA-ASAJA subraya que el recorrido institucional del acuerdo no ha terminado, recordando que el TJUE y el Parlamento Europeo deben pronunciarse sobre su legalidad y ratificación definitiva, y hace un llamamiento al Gobierno español para estudiar la presentación de un recurso ante el tribunal.
Por su parte, La Unió Llauradora i Ramadera rechaza la aplicación provisional y también ha pedido la dimisión de Von der Leyen. La organización considera que la medida es precipitada, políticamente inaceptable y lesiva para el sector agrario.
La entidad advierte que los agricultores y ganaderos valencianos tendrán que competir con productos que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales. Al igual que las demás organizaciones, La Unió cuestiona la eficacia de la cláusula de salvaguarda agraria, denunciando que es tardía y discrecional. Además, alerta de que la decisión se produce pese a que la Comisión ha detectado deficiencias en los controles de Brasil y que no puede certificar plenamente que no se exporta carne tratada con hormonas prohibidas.
Desde el plano institucional, La Unió sostiene que la aplicación provisional "no puede convertirse en un atajo para imponer hechos consumados" y que debilita el control democrático de parlamentos e instituciones.
Las cuatro organizaciones coinciden en que la aplicación provisional compromete la seguridad alimentaria europea y expone al sector a una competencia desleal. La controversia aumenta la presión política en la UE, donde el acuerdo todavía debe completar su recorrido institucional, incluyendo el pronunciamiento del TJUE y la ratificación definitiva por el Parlamento Europeo y los Estados miembros.
Fuente: Unión de Uniones, COAG, AVA-ASAJA y La Unió
