La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) reforzó durante el año 2025 sus labores de inspección y control del cumplimiento de la ley de la cadena, en colaboración con las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas, fruto de las cuales impuso 991 sanciones, casi cuatro veces más que en 2024.
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La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, que ha presidido esta semana la reunión del consejo asesor de la AICA, ha destacado los datos del balance del año anterior y ha subrayado la relevancia de la nueva Planificación Estratégica 2026–2029, que establece un marco plurianual orientado a optimizar la capacidad operativa de la agencia, fortalecer los mecanismos de interlocución con el sector y con otras administraciones, y consolidar el papel de España como referente internacional en la lucha contra las prácticas comerciales desleales.
Esta planificación se desplegará mediante planes anuales, que serán publicados para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. El de 2026 incluye la puesta en marcha de un plan piloto de colaboración reforzada con las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas.
Durante el ejercicio 2025, AICA ha realizado 399 inspecciones, de las cuales el 56% fueron en el sector de frutas y hortalizas, seguido del cárnico (13%). En total se supervisaron 2.978 relaciones comerciales.
La agencia investigó 28 denuncias por presuntos incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, más de un tercio vinculadas al sector de frutas y hortalizas. Desde la creación de la AICA en 2014, el 90% de las denuncias proceden del productor u organizaciones representativas, y el 67% han concluido en sanción.
El ejercicio de 2025 se cerró con 991 infracciones sancionadas, casi cuatro veces más que en 2024. Más de la mitad de las infracciones (51%) se deben a la falta de inscripción en el registro de los contratos alimentarios. Del resto de sanciones, las más numerosas se refieren a incumplimientos de los plazos de pago y a la ausencia de elementos contractuales esenciales como el precio.
Desde el inicio de su actividad, la AICA ha realizado 8.407 inspecciones, que han dado lugar a 4.947 sanciones, por un total cercano a 28 millones de euros.
En la reunión del consejo asesor se ha presentado un avance del contenido del reglamento europeo sobre cooperación entre autoridades de ejecución (reglamento UTP), que se adoptará en breve y que reforzará la cooperación administrativa entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de prácticas comerciales desleales.
El plan de control para el año 2026 se basa en cuatro principios clave: continuidad, consolidación, simplificación y coordinación. Los criterios de selección para las actuaciones tendrán en cuenta, entre otros aspectos, indicios que no hayan podido ser objeto de sanción, la repercusión de determinadas conductas en la cadena alimentaria y la eventual reincidencia.
Entre las novedades del plan para 2026 destaca la introducción de un programa piloto de cooperación reforzada con las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas. Además, se introducen aspectos para dotar de máxima objetividad la actuación de la Agencia, como los criterios de selección del alcance de la inspección.
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