El Gobierno de la Región de Murcia y las organizaciones agrarias avanzaron ayer en el desarrollo de un plan de actuación para anticiparse en el control fitosanitario de los cultivos, con el objetivo de poder tramitar con mayor antelación las solicitudes de autorizaciones excepcionales de determinadas materias activas.
Este fue uno de los principales asuntos abordados en la reunión de la Mesa de Sanidad Vegetal de la Región de Murcia, celebrada en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y presidida por la consejera Sara Rubira.
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En el encuentro participaron los máximos representantes de las organizaciones agrarias, la federación de cooperativas y las asociaciones de productores y exportadores de frutas y hortalizas, junto con técnicos especializados, para analizar la situación actual de la evolución de plagas en los cultivos. Desde el sector se ha estimado la pérdida de 6.100 hectáreas de cultivo, de las que cerca de 4.000 son de lechuga, 1.500 de brásicas, 300 de apio y 300 de alcachofa.
Durante la reunión se estudiaron, a partir de la experiencia de campañas anteriores, las posibles amenazas fitosanitarias que pueden afectar a los cultivos de la Región, para anticipar la solicitud de autorizaciones excepcionales y que los agricultores puedan disponer de los productos necesarios en el momento en que sea preciso utilizarlos.
Asimismo, se abordaron cuestiones como la pérdida de eficacia de algunas materias activas autorizadas, la situación de las autorizaciones excepcionales actualmente en vigor y las necesidades del sector en materia de protección fitosanitaria.
La consejera trasladó al sector las gestiones realizadas por el Gobierno de la Región de Murcia junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana para reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación medidas excepcionales ante la situación que atraviesa el sector agrícola por la falta de herramientas eficaces para combatir las plagas que afectan a cultivos hortofrutícolas.
Rubira, junto a sus homólogos en ambas comunidades autónomas, ha remitido una carta conjunta al ministro Luis Planas solicitando "una reunión urgente y la adopción de soluciones excepcionales".
Las tres comunidades alertan de que la eliminación progresiva de sustancias activas, unida a los efectos del cambio climático y a las crecientes exigencias comerciales, está poniendo en riesgo la producción y rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
"Hemos solicitado que se utilicen de forma ágil los mecanismos de emergencia previstos en la normativa europea para permitir autorizaciones excepcionales cuando exista riesgo grave para la producción", detalló Rubira.
La consejera subrayó que esta situación genera un agravio comparativo y una pérdida de competitividad para los agricultores españoles frente a productores de otros países de la Unión Europea que sí cuentan con estas herramientas.
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